La previsión de las restricciones de suministro de agua se ha convertido en el principal punto de discordia de los regantes de la Acequia Real del Júcar con el proyecto del nuevo Plan Especial de Sequía de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que se encuentra en período de exposición pública y presentación de alegaciones hasta el 22 de marzo.
El motivo: el texto establece los mismos porcentajes de restricción de uso de aguas totales a todas las unidades de demanda, independientemente de los derechos adquiridos.
Esta medida choca con otra de las premisas que expone el mismo Plan Especial de Sequía -que debería estar vigente de 2018 hasta 2028-, en la que señala que «dentro de los usuarios agrícolas, se otorga la mayor prioridad a los riegos tradicionales de la Ribera del Júcar; tras los anteriores regadíos, la siguiente prioridad se otorga a los regadíos de la Mancha Oriental y del Canal Júcar-Turia; los recursos excedentes del sistema podrán ser transferidos a los sistemas de explotación Vinalopó-Alacantí y Marina Baja».
Sin embargo, la tabla de porcentajes de reducción propuestos establece que tanto los regadíos tradicionales, como los de la Mancha Oriental y del Canal Júcar-Turia deberán someterse a restricciones totales de entre un 5 y un 15 % en situación de prealerta, entre un 10 y un 20 en alerta, y entre un 15 y un 25 en emergencia. Si bien las restricciones propuestas sí que son mayores para la Mancha Oriental y el Canal Júcar-Turia en aguas superficiales, éstas se igualan en su totalidad.
Presentarán alegaciones
Esto es lo que ha soliviantado a los regadíos tradicionales de la Ribera. De hecho, el secretario general de la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) y de la Acequia Real del Júcar, Juan Valero de Palma, denunció ayer que esta medida la parecía «injusta» y anunciaba que presentaría las alegaciones oportunas.
«No es justo, porque ellos cuentan con los acuíferos y nosotros no, y menos cuando los regadíos tradicionales tienen los derechos de la concesión», señaló Valero de Palma, que abogó por añadir los criterios legales a los técnicos para resolver los conflictos y las tensiones que provocan las sequías. «Se deberían tener en cuenta con más claridad las concesiones y los derechos», reclamó.
