La Generalitat Valenciana ha disminuido el período medio de pago a proveedores hasta situarlo en el pasado mes de diciembre en un total de 28,51 días, «a pesar de la infrafinanciación de la Comunitat a la que le somete el Ministerio de Hacienda», según destacó la Conselleria en un comunicado. Con esta cifra, el Consell cumple «por primera vez desde que se implantó este registro» (en septiembre de 2014) con el plazo legal de 30 días fijado en la Ley de Morosidad.
El dato, que corresponde al Primer Avance del pago Global de diciembre lo hizo público la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, dependiente de la Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler. Ferrando aseguró que «el Consell está demostrando que se pueden hacer políticas sociales y cumplir con nuestras obligaciones de pago a pesar de las estrecheces presupuestarias a las que nos somete el Ministerio de Hacienda».
Mientras tanto, «el Gobierno central sigue incumpliendo su compromiso y sigue sin aprobar un nuevo modelo de financiación que ponga fin a la discriminación financiera», lo que advirtió que provoca que «la única vía de liquidez al margen de las entregas a cuenta que tiene la Comunitat sean la liquidación del sistema de financiación y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)».
En relación a la liquidación, la secretaria autonómica apuntó que en los meses de febrero, marzo y abril se recibieron «pequeños anticipos» que fueron compensados con ingresos del FLA ordinario en el mes de mayo, lo que dejó el contador «a cero». Mientras, en junio de 2017 se recibió un anticipo de 494,10 millones. Sumado a los 1.186,26 millones de la liquidación transferida en julio, deja el total ingresado por la liquidación de 2015 en 1.680 millones.
«Doble penalización»
Según la Conselleria de Hacienda, el ritmo de estas transferencias comportó que la Tesorería no pudiera efectuar determinados pagos hasta junio-julio, atendiendo así muchos compromisos que durante el primer semestre se habían pospuesto por falta de recursos.
De este modo, «la Comunitat Valenciana resulta doblemente penalizada: no recibe del modelo de financiación los recursos que le corresponden y esta insuficiencia le genera una desviación del déficit autorizado, que debe financiarse al año siguiente con el FLA extraordinario», recalcaron.
