Seiscientos millones de euros. Este es el cálculo que ha hecho la Dirección General de Administración Local respecto al dinero que los distintos ayuntamientos valencianos tienen en los bancos y que no pueden gastar en mejora de los servicios públicos por los rigores de la ley de estabilidad presupuestaria.

El anuncio del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, de abrir la mano para que los consistorios que tengan saneadas sus cuentas y disfruten de superávit puedan ampliar su margen de inversión ha sido recibida en Presidencia con cierta cautela en espera de la letra pequeña.

Desde el departamento que dirige Antoni Such se recuerda que llevan tiempo reclamando al Gobierno de España que flexibilice la norma para que los ayuntamientos puedan reinvertir los remanentes de crédito a favor de la ciudadanía. Dos obstáculos impiden en estos momentos que los fondos puedan servir para mejorar los servicios públicos.

El primero es la ley de sostenibilidad financiera que impide, de un lado, que el presupuesto se incremente por encima del PIB y de otro, obliga a que el superavit de los municipios se destine a amortizar deuda. Cabe apuntar que muchos ayuntamientos han reducido su nivel de endeudamiento, pero existe mucha deuda a largo plazo y, no interesa su amortización.

El Gobierno permite también usar los remanentes de crédito para inversiones sostenibles financieramente, es decir, cuya ejecución no requiera costes adicionales, como por ejemplo, la contratación de personal. Esto obliga a que las obras municipales se reduzcan a cuestiones menores, como reparación de aceras, mejora de patrimonio, etc.

Hay además otro problema para los ayuntamientos que comparten con la administración autonómica: la tasa de reposición que restringe la contratación de personal. Presidencia insiste en que estas limitaciones lo que hacen es «castigar» los servicios públicos que prestan los municipios y de ahí que se exige que se liberen los cerca de 600 millones. Este dinero podría utilizarse, apostilla Antoni Such, para generar empleo y prestar mejores servicios.

Fuentes de la Generalitat indican que la mayoría de los ayuntamientos valencianos tienen ya sus cuentas saneadas. Entienden que han hecho un sobreesfuerzo para reducir la deuda, una situación de la que el Gobierno se aprovecha ya que los datos de deuda que España presenta ante Bruselas provienen de todas las administraciones.

«Usan a los ayuntamientos para centrifugar su propia deuda», indican desde el Consell. Todo podría cambiar con el decreto prometido por Montoro, aunque en la Generalitat prefieren ser prudentes.