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Salario completo pese a las bajas y control de absentismo

Montoro obliga a las administraciones a diseñar y difundir programas para vigilar las ausencias

El acuerdo de 12 páginas incluye, además de los incrementos salariales, otros beneficios para el funcionariado valenciano, aunque también una serie de obligaciones para la Generalitat. Así, el Gobierno central permitirá al Consell que negocie con los sindicatos la posibilidad de que los funcionarios y funcionarias que estén de baja por enfermedad no vean mermadas sus retribuciones y puedan cobrar el cien por cien de su salario. En la etapa del Consell de Alberto Fabra se introdujeron medidas de recorte con un doble objetivo: la austeridad y el control del absentismo.

El Gobierno también parece preocupado por el posible incremento del absentismo con esta mejora, por lo que pone dos condiciones. Una (que ya se aplica) exige el correspondiente parte de baja o documentación sustitutoria desde el primer día. La otra, obliga a las distintas administraciones a que diseñen un plan contra el absentismo, que «deberá ser objeto de difusión pública a través del portal de transparencia».

También se amplian las ventajas en materia de conciliación de la vida laboral y personal. La jornada de 35 horas queda, en principio, vetada como tal para la Generalitat, pero no la posibilidad de regular una bolsa de horas de libre disposición acumulables entre sí, de hasta un 5 %, de la jornada laboral del año completo.

Esta bolsa de horas deberá ser recuperable en el periodo de tiempo que se determine y dirigida de forma justificada a la atención de medidas de conciliación para el cuidado y atención de mayores, personas con discapacidad o hijos e hijas menores.

Jornada continua

También se abre la posibilidad de la jornada continua para aquellas personas que trabajan en la Administración y tienen hijos e hijas menores de 12 años a su cargo.

El acuerdo en su conjunto se aplica tanto al personal funcionario como al laboral de todas las administraciones. Es decir, incluye al personal sanitario y docente y a toda la plantilla de las administraciones locales.

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