Los 65 trabajadores de la Ribera que aún no saben si podrán seguir trabajando en el área de salud tras la reversión tendrán que seguir esperando. El acto de conciliación celebrado ayer en el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) entre el comité de empresa, la Conselleria de Sanidad y la UTE Ribera Salud II, gestora del departamento de salud durante los últimos 15 años, se cerró sin acuerdo entre las partes aunque con una posible salida: la decisión final de la Conselleria de Sanidad depende ahora de un informe de la Abogacía de la Generalitat que tendrá que ser emitido antes de la fecha límite del contrato: el próximo 31 de marzo.
Sanidad y comité de empresa ya pactaron en su día la figura jurídica para que los actuales trabajadores indefinidos laborales (unos 1.447 del total de la plantilla que roza los 2.000) pudieran mantener sus puestos de trabajo bajo dirección pública.
El resto de contratados por la empresa, de carácter temporal -unos 250- en principio perderían sus puestos aunque 65 de ellos están desde el 1 de abril de 2017 en una especie de «limbo», ya que habían sido propuestos para ser consolidados como parte de la plantilla en aplicación del convenio colectivo (el compromiso era llegar al 90 % de indefinidos en 2017 y al 95 % en 2018) pero la decisión, como muchas otras en este último año, ya no la podía tomar la empresa y necesitaba el visto bueno de la conselleria.
Es en este reparto de responsabilidades en el que ambos (Administración y empresa) se escudan para explicar que se haya llegado casi al tiempo de descuento sin decidir sobre el futuro de estas personas.
Fuentes de Ribera Salud y de la conselleria cruzaron ayer reproches de «bloqueo intencionado», «obstruccionismo» y «falta de colaboración y de aporte de documentación» para explicar lo sucedido.
Desde Sanidad, aseguraron que hay una «firme intención» de convertir estos contratos «en indefinidos en los casos regulados por el convenio» por lo que se había optado por recurrir a la Abogacía mientras se acusaba a la empresa de «falta de colaboración» en aportar la documentación necesaria para cotejar el historial de los trabajadores y gestionar la conversión. En respuesta, desde Ribera Salud, el gerente del área Javier Palau criticó que Sanidad había estado «bloqueando durante un año» el propósito de la empresa de convertirlos en indefinidos «ralentizando el proceso con solicitud de abundante información y trabas burocráticas».
Perplejidad del comité
Para Palau, el acudir a la Abogacía era síntoma de que los empleados «van a acabar en el paro», lo que supondría «una gran injusticia» máxime con el antecedente de la sentencia emitida hace unos días por el Juzgado de lo Social n 14 que declaraba improcedente el despido de un celador que no había podido convertirse en indefinido por el proceso de reversión.
Desde el comité de empresa de la Ribera, se mostró ayer «perplejidad» por lo sucedido, según aseguró la presidenta Belén Doménech, de Comisiones Obreras. «La falta de comunicación y de sintonía que ha habido desde el principio ha perjudicado para tener una resolución favorable», apuntó la presidente que entendía que la responsabilidad del caso debía repartirse entre Administración y empresa.
Según Doménech, entre los 65 trabajadores había trabajadores que ya habían acabado contrato, algunos que aún están contratados e incluso 5 empleados indefinidos pero pendientes de una promoción interna.
