Al Gobierno del Botànic le quedan poco más de 365 días para someterse al juicio final de las urnas. Aquel en el que el pueblo soberano decidirá si su gestión le hace o no merecedor de continuar cuatro años más al frente del ejecutivo.
Dos tercios de la legislatura ya consumidos (las elecciones fueron el 24 de mayo de 2015; el próximo jueves se cumplirán tres años) ofrecen elementos de juicio suficientes para hacer balance.
Levante-EMV ha querido que la sociedad civil evalúe estos tres años de gobierno y reflexione sobre si el cambio en la Generalitat después de veinte años de gobiernos populares ha valido o no la pena. Un cuestionaro sencillo, con cinco preguntas, que incluye la petición de poner nota a los gobernantes. Entidades de todo tipo, representativas del mundo económico, social, educativo y cultural, han sido sondeadas y, en su mayoría, han aceptado la propuesta.
Las respuestas procedentes de los 28 colectivos y entidades han sido variadas, aunque permiten aventurar algunas conclusiones.
El nuevo Consell aprueba el examen de la sociedad civil, aunque no pasa del aprobado. Un 5,7 es la nota media de las 28 entidades que se han mojado y han puntuado del 0 al 10 la gestión del ejecutivo. En total, ocho notables, cuatro bienes, siete aprobados y cinco suspensos.
Con matices, el grueso de los participantes valora el cambio de políticas y detecta un cambio de talante al subrayar que con el Botànic se ha generado un espacio para el diálogo y la participación que antes no existía. Las medidas de tipo social, comola renta de inclusión o la agilización de los expedientes de la dependencia, se encuentran para las entidades que trabajan con colectivos más desfavorecidos en el haber, si bien otras medidas como el rescate del hospital de Alzira, uno de los símbolos de la legislatura, genera controversia.
Varias entidades lo consideran la acción más positiva del Consell, pero para otros actores, como la patronal CEV, ha sido su principal error porque, entienden, ha sido una decisión dominada por la ideología.
También genera disparidad de criterios la política educativa y el proyecto del plurilingüismo. Entidades católicas se sienten directamante excluidas, mientras que Escola Valenciana reconoce la labor del departamento de Marzà. Esta asociación, colectivos feministas y la entidad que representa a las compañías escénicas son quienes más satisfechos se muestran con el ejecutivo al darle un ocho de nota.
En general, el Consell recibe la palmada en la espalda de los sindicatos, aunque con el suspenso del CSIF, que pone el foco en el «deterioro» de la sanidad.
UGT y Comisiones Obreras se muestran satisfechos (ambos le dan un 7) aunque plantean mayor compromiso para la creación de empleo. Intersindical cree que el Consell «progresa adecuadamente».
La apertura de À Punt la firma del pacto contra la violencia machista o la firmeza a la hora de defender un cambio en el modelo de finaciación autonómica son cuestiones destacadas por los colectivos sondeados.
Ahora bien, también hay espacio para las críticas, algunas muy duras, como la que proviene de los agricultores (AVA pone un 3 al Consell porque considera que ha dado la espalda al sector) o el movimiento ecologista, que se siente decepcionado. El Colegio de Farmacéuticos es también muy duro y sólo ve artificios en la política de la Conselleria de Sanidad.
El aprobado que recibe el Consell no es un cheque en blanco. Queda un año y las entidades marcan el camino al ejecutivo con prioridades. Cada una, es lógico en su ámbito, si bien hay un denominador común. Se le pide que incremente el presupuesto para culminar proyectos sociales y cumplir con compromisos adquiridos, como los colegios.
