La calle es, para muchos, el doble castigo cotidiano y doloroso de quien ya de por sí sobrevive a una situación de pobreza, exclusión social y desigualdad. Es la doble discriminación del que, además, ve criminalizado su trato y del que incluso se ve abocado a las sanciones en su intento por dar con una salida a su abandono administrativo, como en el caso de la ocupación de viviendas vacías. Sanciones por dormir, comer, ejercer la mendicidad, lavarse, hacer uso de parques y zonas verdes, buscar en la basura... Acciones que terminan en multas económicas para quien sobrevive con limosnas.
Un claro ejemplo de las fisuras que se crean en la defensa de los Derechos Humanos. Algo que Cáritas lleva denunciando de manera continuada, también en el último Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión de la Comunitat Valenciana, en el que colabora el CEU y la Fundación Foessa. En él detallan que han sido constantes las condenas por tribunales y comités internacionales derivadas de políticas públicas que «no ponen a las personas en el centro de las mismas, menos aún a las descartadas de la sociedad». Políticas que son «las últimas en el listado de prioridades de los presupuestos generales aprobados por las Corts».
El informe detalla, además, cómo la experiencia del sufrimiento puede configurar la situación que llevó a una persona a una vida sin hogar. Familias desestructuradas, abusos infantiles, maltrato físico, violencia doméstica... La prevalencia de experiencias traumáticas infantiles entre las personas sin hogar es significativamente más elevada que las sufridas por la población general. De hecho, Cáritas señala que entre el 31 y el 66 % de las personas que viven en la calle ha padecido maltrato físico en el pasado y entre el 14 y el 44 % ha sido víctima de abuso sexual en la infancia e incluso que entre el 20 y 40 % fueron personas extuteladas por la administración. Que una mayor concentración de acontecimientos adversos en la infancia parece corresponderle a una reducción de la edad de llegada a la situación de sin hogar, lo que aumenta además una mayor frecuencia de pensamientos e intentos de suicidio antes de cumplir los 25 años. Así, el 60 % de las personas sin hogar, detalla el informe, se ven afectadas de trauma complejo o trastorno de personalidad.
El extremo «más grave»
Existe un grado que agrava más (si cabe) el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas que viven en la calle. En su informe, Cáritas considera que se trata de personas «en situación de grave exclusión social», sufriendo el extremo más duro aquellas que, viviendo en la calle, sufren problemas de salud mental.
¿Cómo sobreviven fuera de la consulta?, ¿qué apoyos requieren para poder tomarse la medicación?, ¿dónde viven?, ¿cómo se alimentan? Preguntas que quedan sin respuesta o, en su defecto, revelan los numerosos escollos existentes en el proceso de atención sanitaria para las personas en situación de grave exclusión social. Entre ellos, que la mayoría de los ayuntamientos no facilitan el acceso a empadronarse a las personas en situación de sin hogar, un factor clave que da acceso a la mayoría de las prestaciones y recursos, como la Renta de Inclusión Valenciana, y que se niega de «manera inconsistente», reza el informe.
Evidencia, además, que cuando se da una situación de calle es mucho más necesario un ingreso hospitalario para estabilizar a la persona. La falta de un Samur social en la mayoría de las provincias valencianas, provoca que, en numerosas ocasiones, la ambulancia que ha acudido a recoger al posible paciente ante una situación de crisis, se haya marchado sin atenderle ante la negativa de subir a la ambulancia, dejándole a su suerte en una situación de extrema necesidad.
No obstante, en los casos en los que sí fueron atendidos Cáritas reconoce que, tras el reconocimiento, el hospital inicia los trámites del alta sin la presencia de una coordinación que garantice un seguimiento. Tras el alta hospitalaria, por tanto, se encuentran con graves limitaciones para ser atendidos en alojamientos que obviamente no están pensados para atender problemáticas como esta. «Es muy difícil garantizar unos mínimos de convivencia en nuestro Centro de Acogida Temporal con personas con esquizofrenia, trastorno bipolar o psicosis», reconocen en el informe, «no nos es posible atenderles». Una situación que dificulta aún más la adherencia a un tratamiento.
Si bien Cáritas resalta varios avances legislativos en la C. Valenciana para recuperar el acceso a la sanidad universal o el Plan Valenciano de Inclusión, reconoce que en el ámbito autonómico no existe todavía «ninguna estrategia específica» para abordar esta situación de sin hogar en la que tantas personas se ven atrapadas. Recuerdan que existe una estrategia autonómica de salud mental, pero que no hace alusión expresa a personas que están en la calle.
Es por ello que propone la creación de una Estrategia Autonómica Integral para personas en situación de sin hogar, confeccionada con la participación de quien padece la situación, en la que las conselleries se coordinen para que ninguna persona sea dada de alta de psiquiatría sin tener alojamiento y que introduzca una ley empadronamiento efectiva para hacerlo allí donde viven (en la plaza, en un banco, en un puente). Medidas con la que tener la posibilidad de acceder a los recursos que les permita recobrar el sentido a su vida.
