El acuerdo ha sido firmado hoy por los consellers de Justicia, Fernando de Rosa, y de Economía, Gerardo Camps, y los representantes de los sindicatos UGT, CC.OO, CSI-CSIF y STAPV-Iv, en un acto presidido por el president de la Generalitat, Francisco Camps.
Camps ha destacado que el acuerdo hace posible "conquistas sociales" y beneficia directamente a los empleados públicos tanto en el ámbito personal como en el profesional, mientras que los portavoces sindicales han mostrado su satisfacción porque recoge las "aspiraciones" de los funcionarios y contempla la elaboración de la nueva Ley de la Función Pública Valenciana.
El acuerdo, firmado para el periodo 2008-2011, engloba mejoras sociales y retributivas para los funcionarios y el personal laboral del Consell, alrededor de 17.000 empleados.
En el aspecto retributivo, se creará un fondo compensatorio extraordinario, con efectos desde el 1 de enero de este año, que supondrá un incremento del 0,5% de la masa salarial correspondiente a 2008 y 2009.
La constitución de ese fondo es "de hecho" una cláusula de revisión salarial y supone "recuperar la desviación del IPC previsto respecto al IPC real de 2007", según ha explicado el portavoz del CSI-CSIF, Daniel Matoses.
La implantación de carrera profesional a partir de 2010 ha sido uno de los asuntos más destacados por los sindicatos, al tratarse de un sistema basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, ligado a la formación y a la evaluación de la conducta profesional y del rendimiento.
El representante de CC.OO-PV, Juan Cruz, ha calificado de "prioritario y necesario" que los ciudadanos recuperen "la ilusión en la posibilidad de acceder al empleo público de la Generalitat con respeto a los derechos constitucionales" de acceso a la Administración pública.
El acuerdo también contempla la elaboración de una nueva Ley de la Función Pública Valenciana, que apostará por la profesionalización, la formación y el perfeccionamiento y será el marco "para recoger las aspiraciones, centenarias en algunos casos" de los funcionarios, a juicio de Matoses.
Para el portavoz de STAPV-Iv, Adel Francés, hay que hacer "todo lo posible" para que esta legislatura sea recordada como "histórica" en cuanto a la función pública porque "consigamos una nueva ley que dure veinte años".
Según el representante de UGT-PV, Luis Lozano, la nueva ley deberá contener unos "criterios básicos y únicos para todas las Administraciones: autonómica, local, sanitaria y docente" y servir para hacer una Administración única, modernizar las estructuras y los servicios que presta, y dignificar la figura del empleado público.
En empleo, el objetivo previsto es reducir la tasa de temporalidad a entre el 5 y el 3%, realizar ofertas públicas de empleo de 600 plazas que se publicarán en el primer trimestre de 2008 y 2010 -con la reserva del 7% de los puestos para discapacitados-, y convocar los concursos de traslados correspondientes en 2009 y 2011.
Respecto a las mejoras sociales, el acuerdo recoge un permiso por razón de violencia de género por el que las faltas de asistencia al trabajo se considerarán justificadas, así como el derecho de traslado a otro puesto de trabajo en distinta unidad administrativa o en otra localidad, sin que se oferte en convocatoria pública.
Las medidas de conciliación son, entre otras, la ampliación del permiso de paternidad a 20 días naturales y la ampliación de la jornada especial de verano en un mes más (del 15 de mayo al 15 de octubre) que se extenderá a las vacaciones escolares de Semana Santa y Navidad.
En caso de familia numerosa, el horario podrá flexibilizarse en una o dos horas diarias hasta que el hijo menor tenga 12 años.
