El Ayuntamiento de Xàtiva ha abierto una investigación para revisar de oficio 28 facturas pendientes de pago por importe de 323.689 euros, correspondientes a obras y servicios que fueron encargadas por la corporación municipal de Alfonso Rus sin consignación presupuestaria u obviando la ley de contratos. El procedimiento determinará si cabe exigir responsabilidades patrimoniales por las irregularidades a raíz de un informe de la intervención que pone reparos a los recibos, registrados entre 2014 y 2015 e incursos en posibles causas de nulidad.
El equipo de gobierno ha solicitado a los técnicos que firmaron los pagos que justifiquen quién ordenó los trabajos a pesar de no contar con dotación presupuestaria y por qué. Éstos, además, han de diseñar la liquidación definitiva de los contratos y proponer la indemnización a satisfacer a las empresas. Los jefes de cada área deberán emitir un informe indicando si, en la actuación objeto de revisión, se aprecia «dolo, culpa o negligencia grave» por parte de los miembros de la corporación o de cualquier empleado público que haya intervenido en el contrato, a tiempo que esclarecerán la existencia de posibles perjuicios económicos para la Hacienda Local.
El grueso de la cuantía en tela de juicio corresponde a los 214.286 euros girados por Egevasa en 2014 a raíz del incremento del caudal consumido por Xàtiva como consecuencia de los fallos en el canal de Bellús. La relación también incluye 14 recibos emitidos por el proveedor del sistema de censado canino de ADN —21.843 euros—por trabajos encargados por el exedil del área al margen del contrato, cuando el pliego ya había vencido, así como los sobrecostes derivados de reparación del canal de Bellús o unas obras de urgencia en la calle Doctor Sumsi.
Depurar responsabilidades
Para reforzar el proceso, el equipo de gobierno ha pedido al Consell Jurídic Consultiu un dictamen que arroje luz sobre la manera de proceder ante las facturas y la depuración de posibles responsabilidades. Fuentes municipales recalcan que los trabajos se abonarán a las empresas reconocidos bajo la fórmula de indemnización patrimonial, puesto que, a pesar de no mediar ningún contrato, el hecho es que los servicios se han prestado. Aunque el procedimiento ha despertado cierta inquietud entre los técnicos afectados, desde el ejecutivo subrayan que «no se trata de un ajuste de cuentas», sino de la necesidad de poner «negro sobre blanco» los motivos por los que las facturas se originaron eludiendo la ley. Antes de validar los recibos y asumir toda la responsabilidad de una decisión que partió de la anterior corporación, el equipo de gobierno quiere blindarse y que respondan, si procede, los anteriores gestores políticos.
