El Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el recurso de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y ha ratificado la sentencia dictada por un juzgado de Valencia que, en 2014, reconoció a los ayuntamientos de Quesa y Navarrés el derecho de cobrar al Estado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al embalse de Escalona, cuyo lecho comparten ambos términos. La infraestructura, declarada Bien de Caraterísticas Especiales (BICE), es titularidad del Ministerio de Medio Ambiente, que, a través de la CHJ, se opone a pagar la contribución a los consistorios.
En un primer momento, el TSJ aceptó los argumentos del organismo estatal en la apelación presentada en octubre de 2015 y anuló los recibos girados por Quesa y Navarrés, considerados contrarios a derecho. La CHJ alega que la presa cumple una función de laminación y prevención de avenidas, por lo que se trata de un bien de dominio público hidráulico y, como tal, ha de estar exento de impuestos. Como informó Levante-EMV, este razonamiento fue avalado por los magistrados del Alto Tribunal.
Sin embargo, ambos ayuntamientos interpusieron un incidente de nulidad contra la sentencia y aportaron nuevos argumentos con los que consiguieron la satisfacción procesal de sus demandas, en un asunto controvertido que despierta jurisprudencia contradictoria.
El último fallo del TSJ, dictado el 26 de mayo y notificado el martes a las partes, rectifica el pronunciamiento judicial anterior, confirma la sentencia de primera instancia y vuelve a abrir la puerta a que las dos corporaciones municipales de la Canal perciban las liquidaciones de la contribución giradas entre los años 2008 y 2011, año en el que Quesa —cuyo término acoge el 58% del lecho del embalse—inició la batalla administrativa para demostrar a la Administración del Estado que Escalona ha de tributar a las arcas municipales.
A esta población, el juzgado de lo contencioso le reconoció el cobro de 313.07 euros por el IBI correspondiente al citado periodo, más los intereses de demora. Por extensión, la resolución también podría prolongarse en un futuro a los recibos devengados desde 2012, con posterioridad al inicio del proceso de reclamación.
Con posibilidad de alegar
Aunque el CHJ aún tiene una posibilidad de intentar apelar para imponer su criterio y eludir el pago del impuesto, los consistorios afectados confían en poder ver por fin cumplida la reivindicación. Si fuera así, en lo sucesivo tanto Quesa como Navarrés recaudarían alrededor de 100.000 euros anuales por la presa.
