Después de meses de negociaciones, el Ayuntamiento de Xàtiva ha sellado un acuerdo con el profesorado y los sindicatos del conservatorio Lluís Milà para sofocar un conflicto laboral que se remonta a la anterior legislatura y que había terminado en los tribunales. El documento aprobado ayer por el gobierno municipal -y previamente por la mesa de trabajadores- conlleva una mejora sustancial de las condiciones de los 21 docentes del centro, que quedan adscritos al convenio laboral del resto de empleados municipales y equiparados con éstos en cuestión de jornadas y retribuciones.

Con la regularización, el ayuntamiento asume el compromiso de abonar 226.348 euros en atrasos salariales reclamados por el personal funcionario del conservatorio desde 2014, un importe que se fraccionará en tres pagos complementarios en las nóminas. Como contraprartida, seis procedimientos judiciales iniciados por los profesores firmantes contra el consistorio quedarán extinguidos.

La regidora del área, Empar Penadés, subraya que el objetivo del convenio es «conseguir un escenario homogéneo» para todos los trabajadores del ayuntamiento y poner fin a «un agravio comparativo» entre los docentes del conservatorio y el resto del personal municipal. «La situación estaba enquistada porque el anterior equipo de gobierno se negó a revisar la adecuación de los salarios, pero con voluntad y diálogo hemos resuelto el conflicto», apostilla Penadés. La solución se ha demorado en el tiempo por la complejidad del proceso y la existencia de dos tipos de profesorado: uno funcionarial y otro de interinos. El segundo grupo -antes considerados temporales- adquirió el estatus de interinidad en 2012. Estos docentes pasaron a regirse por el mismo convenio que el resto de trabajadores municipales, pero no se les reconoció la categoría ni las retribuciones correspondientes.

El profesorado con régimen funcionarial, hasta ahora adscrito incorrectamente al convenio de enseñanza privada, presentó en febrero de 2015 una reclamación de salarios al entender que, en función de las retribuciones reconocidas en el convenio laboral del personal del ayuntamiento, no estaban cobrando lo que se correspondía. La Inspección de Trabajo apoyó esta demanda y exigió que se regularizan los sueldos.

En este contexto heredado, el actual equipo de gobierno abrió un nuevo proceso de diálogo con el profesorado, que se materializó en una propuesta de acuerdo en enero. Sin embargo, en diciembre de 2016, los funcionarios interinos también acudieron a los tribunales, defendiendo su derecho a percibir los salarios previstos en la RPT, como reclamaban los fijos. Penadés sostiene que, «desde un principio», el ejecutivo «tenía claro que todo el profesorado debía tener las mismas condiciones y cobrar lo que les corresponde».