El dependiente que pidió estar con sus hermanos logra plaza en Ontinyent 2 años después
La Generalitat atiende la queja ante el Síndic y traslada al usuario de la residencia de l'Olleria a la de Ontinyent para permitir su reagrupamiento familiar
El defensor del pueblo valenciano archiva la queja pero califica a la conselleria como "no colaboradora" por no responder a su último requerimiento
La falta de plazas públicas para mayores dependientes en las residencias valencianas supone un obstáculo que dificulta el acceso de muchos demandantes al recurso asistencial que solicitan. A veces, sin embargo, las peticiones de los pensionistas tienen final feliz, aunque lleguen con retraso.
Después de dos años batallando con la administración, el usuario de la residencia de mayores de l'Olleria que pidió cambiarse de centro para lograr el reagrupamiento familiar con sus hermanos - tal como contó Levante-EMV en marzo- ha obtenido la plaza que tanto ansiaba en la Residencia San Francisco de Ontinyent.
El Síndic de Greuges ha dado carpetazo al expediente abierto a raíz de la queja del jubilado pocos días después de instar a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda a que atendiera "a la mayor brevedad posible" la solicitud del usuario, apelando al deber de "favorecer que las personas mayores permanezcan en su medio habitual", evitando así "desarraigos que puedan conducir a su marginación".
El interesado percibe desde 2020 una prestación económica de garantía vinculada al servicio de atención residencial, una ayuda con la que costeaba su plaza en la residencia Solimar de l'Olleria. Esta paga, sin embargo, dificultaba su ingreso en el centro de Ontinyent donde residen sus hermanos, que solo dispone de plazas públicas.
Por ello, a través de un escrito presentado en febrero de 2022, el hombre solicitó a la conselleria un cambio de preferencias para que se le reconociera el servicio de atención residencial en la capital de la Vall d'Albaida en lugar de la prestación económica que tenía reconocida.
Su primera demanda no fue atendida por la administración autonómica, por lo que, un año después, registró un nuevo escrito en Servicios Sociales insistiendo en la necesidad de que le cambiaran de residencia para estar con sus hermanos. La instancia tampoco fue tenida en cuenta, por lo que el usuario decidió acudir al Síndic de Greuges, que interpeló al departamento autonómico ahora dirigido por Susana Camarero al respecto.
Criterios de priorización
En su primera contestación al defensor del pueblo valenciano, la conselleria reconoció que todavía no se había emitido la correspondiente resolución de la revisión del programa individual de atención (PIA) solicitada por el dependiente.
Desde la Generalitat indicaron, en cualquier caso, que el cambio de residencia se había marcado como urgente y estaba pendiente de la disponibilidad de plazas en la residencia San Francisco de Ontinyent, de forma que en cuento existiera una vacante se le intentaría asignar al demandante. Según remarcan en Servicios Sociales, el acceso al servicio se realiza según varios criterios de priorización, que se establecen atendiendo primero a las urgencias estimadas y después al orden cronológico de solicitudes en la lista de espera. El interesado en la reagrupación familiar se encontraba en el tercer lugar en dicha lista a principios de enero, cuando la conselleria emitió el informe.
El Síndic archiva la queja pero califica a la conselleria como "no colaboradora" por no responder a su último requerimiento
El 12 de marzo, el reclamante trasladó al Síndic de Greuges que su queja se había resuelto satisfactoriamente, puesto que se le acababa de conceder una plaza residencial en el mismo centro que sus hermanos. En su resolución de cierre del caso, la institución consultiva reprocha en cualquier caso a la Conselleria de Servicios Sociales que no haya contestado a su último requerimiento después de trasladarle sus recomendaciones, una vez superado el plazo asignado a la administración investigada. Es por eso por lo que el Síndic califica en su escrito final al departamento autonómico como entidad "no colaboradora".
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