El Síndic pide trasladar a un jubilado de l’Olleria a Ontinyent para unirlo a sus hermanos

El Síndic de Greuges ha instado a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda a atender la solicitud de cambio de residencia de un usuario del centro Solimar de l’Olleria, que pide cambiarse a la Residencia San Francisco de Ontinyent, donde están sus hermanos, para lograr el reagrupamiento familiar. El afectado presentó en febrero de 2022, hace dos años, la solicitud del cambio, que aún no ha sido atendida por la administración autonómica.

El interesado recibe una prestación económica de garantía vinculada al servicio de atención residencial, una ayuda con la que costea su plaza en la residencia de l’Olleria, donde residía. Esta prestación no le permite el ingreso en el centro de Ontinyent donde residen sus hermanos, ya que solo dispone de plazas públicas. Por ello, el hombre solicitó a la conselleria un cambio de preferencias para obtener una plaza en la Residencia San Francisco de la capital de la Vall y lograr el reagrupamiento familiar con sus hermanos. Presentó el escrito el 15 de febrero de 2022, pidiendo el cambio a una plaza pública, solicitud que no fue atendida por la conselleria, por lo que un año después, el 1 de marzo de 2023, presentó un nuevo escrito a Servicios Sociales insistiendo en el cambio, que tampoco ha sido atendido, por lo que el afectado ha recurrido al Síndic de Greuges. Ángel Luna solicitó a la conselleria un informe detallado del caso, informe que llegó el pasado 24 de enero al defensor del pueblo valenciano.

La conselleria, en el informe remitido al Síndic, reconoce que el hombre tiene reconocida una prestación económica vinculada al servicio de atención residencia de garantía desde 2020. En 2021 solicitó nuevas preferencias, pidiendo un reconocimiento de un servicio de atención residencia en lugar de la prestación económica que tiene reconocida, pero la conselleria admite que “aún no se ha emitido la correspondiente resolución de revisión de su Programa Individual de Atención (PIA)”.

Sobre la petición de una plaza en la residencia San Francisco de Ontinyent, la conselleria señala que “está pendiente de la disponibilidad de plazas y en cuanto exista una disponible se pondrá en conocimiento del interesado, a fin de asignarle dicha plaza en su PIA”. También apuntan que el acceso al servicio se realiza según varios criterios de priorización y que se establecen atendiendo primero a las urgencias estimadas y después al orden cronológico de solicitudes en la lista de espera. Señalan que en el centro de Ontinyent “existe un expediente con urgencia estimada y el interesado se encuentra en el tercer lugar de la lista de espera”.

En cuanto al reagrupamiento familiar de los tres hermanos, la conselleria indica que puede ser con la concesión de la plaza pública solicitada por el usuario de la residencia de l’Olleria en el centro de Ontinyent donde están sus dos hermanos, o que estos soliciten el traslado a la residencia Solimar de l’Olleria. Aunque afirman que la línea de actuación que se va a seguir es la de la adjudicación de plaza pública en el centro residencial que ha solicitado el hermano que pidió el cambio a la capital de la Vall d’Albaida. La conselleria también indica al Síndic que el plazo aproximado para la resolución de la petición formulada por el usuario del centro de l’Olleria no se puede concretar, ya que “existen factores que pueden alterar cualquier estimación como la disponibilidad de plazas vacantes y las posibles urgencias de carácter social”.

El Síndic de Greuges pide a la conselleria que atienda la solicitud del cambio de residencia del usuario de l’Olleria y recuerda a la administración autonómica que tiene la obligación de “favorecer que las personas mayores permanezcan en su medio habitual, realizando acciones que eviten desarraigos que puedan conducir a su marginación”. También reclama a la conselleria que resuelva la revisión del PIA del interesado “a la mayor brevedad posible y se asigne plaza en el centro solicitado” para favorecer el reagrupamiento familiar, que apunta que tendría que ser un criterio que otorgue carácter “prioritario” en la tramitación de los ingresos en las residencias de personas mayores.

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