El Juzgado de lo Contencioso Nº 3 de Valencia dio ayer diez días a Bankia y al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para que se pronuncien sobre la petición de Ausbanc de que se anule cauterlamente el aval del préstamo de la Fundación. El juez ha admitido a trámite la petición de la suspensión cautelar del aval que fue rehabilitado por la Audiencia Provincial, al permitir la entrada de Bankia en la causa y darle marcha atrás. La situación es paradójica. Mientras el banco recurrió la sentencia que dejó sin efecto aquella garantía sobre el crédito de 85 millones de euros con el que el patronato del Valencia se convirtió en máximo accionista del club para no perder su derecho al cobro, el IVF se ve ahora en la tesitura de impedir, también, que el aval sea anulado cauterlamente. La Generalitat ha recuperado ahora su antiguo discursos: le interesa avalar el préstamo para que el Valencia solucione sus problemas económicos con la refinanciación de los créditos y, así, liberarse de un gran peso de encima. Sólo hace unos meses, el Consell no quería saber nada del asunto. «Hasta que un juez no diga lo contrario, no somos avalistas de la Fundación», insistió semana tras semana el vicepresidente autonómico, José Císcar.

La juez que lleva la causa dictó ayer sendas resoluciones por las que emplaza a Bankia a contestar la demanda formulada contra el IVF por los accionistas del Valencia Luis Salvador Molina y Sandro García Cervera, que impugna los avales dados a la Fundación del Valencia CF por infringir la normativa de la Comunidad Europea en materia de Ayudas Públicas y admitió a trámite la petición de suspensión cautelar de la vigencia del aval.

Bankia tendrá diez días para oponerse a la medida cautelar, pedida que implica la suspensión judicial de la eficacia del aval del IVF a la Fundación, y a partir de ese plazo, el Juzgado de lo contencioso volverá a pronunciarse sobre la vigencia de esa garantía hasta que dicte sentencia. Hasta ese momento, el IVF debe decretar la pretendida suspensión solicitada en vía administrativa y en interés del propio Consell, según informó ayer en un comunicado la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc), que solicitó la suspensión cautelar de la vigencia del aval.

Ausbanc indica que dichas medidas adoptadas se dirigen a evitar que la Generalitat Valenciana tenga que desembolsar más de 85 millones de euros del erario público que se comprometieron por el IVF al prestar el aval en 2009 y de los que ya se han pagado 4.800.000 euros a Bankia el pasado mes de febrero. «Incomprensiblemente la Fundación no ha reembolsado hasta la fecha ni un solo euro, eligiendo incluso en el mes de septiembre abonar antes a Bankia parte del vencimiento del 27 de agosto que aquello que debía al IVF desde el mes de febrero de 2013», señalan.

En el comunicado indican que «ese comportamiento anómalo y la inacción del IVF podría incluso ser tipificable como malversación de caudales públicos y prevaricación, toda vez que la única obligación del IVF era entregar a Bankia acciones por valor de 4.800.000 euros objeto de la prenda», asegura el escrito de José Antonio Pérez Vercher, abogado de esta asociación.