La Cámara de Comercio de Alicante no está dispuesta a recortar los servicios que presta y tampoco se plantea presentar un expediente de regulación de empleo como el que ya baraja la Cámara de Madrid para el 25% de sus trabajadores. Así lo aseguraron ayer fuentes de esta institución, que confirmaron que, a diferencia de lo que sucede en la Cámara de Valencia, ya se trabaja en un plan para buscar nuevos recursos con los que suplir las cuotas obligatorias que hasta ahora pagaban todas las empresas y que el Gobierno central ha decidido suprimir.
Así, la Cámara pretende aprovechar el presente ejercicio -en el que todavía podrá recaudar el canon, que se cobra a año vencido- para "convencer" a las empresas de las ventajas de pertenecer a la institución. De esta forma, una de las primeras medidas será el lanzamiento de una campaña para promover la adscripción voluntaria de las empresas, una vez que ya no estén obligadas a hacerlo por ley. Para ello, los responsables de la institución pretenden hacerla más atractiva para las firmas de la provincia, especialmente para las pymes y los autónomos, aumentando "la calidad" e, incluso, "la cantidad" de los servicios que actualmente presta. Así, lejos de aparcarlos, la Cámara pretende impulsar nuevos proyectos como el de la creación del primer punto de asesoramiento sobre propiedad intelectual para pymes.
Mientras unos 300 trabajadores de cámaras de toda España -incluidos castellonenses y alicantinos, pero no valencianos- se manifestaban en Madrid contra el decreto que convierte en voluntarias las cuotas obligatorias porque puede suponer la pérdida de 3.500 empleos, El pleno extraordinario del Consejo Superior consideró que la decisión del Gobierno pone en peligro la prestación de servicios básicos para la mejora de la competitividad de las pymes.
