El fiscal pidió ayer cuatro años de cárcel a tres camioneros por impedir el derecho al trabajo durante la huelga del transporte de 2008. Los acusados presuntamente formaban parte de un piquete informativo que causó daños en varios camiones en el polígono El Oliveral de Riba-roja de Túria y bloqueó la salida de los vehículos. La empresa denunciante contrató a un detective privado para probar los daños e identificar a los autores. Dos de los acusados se negaron ayer a declarar ante la juez del caso y el tercero aseguró que fue al polígono para "cotillear".

Los incidentes ocurrieron el 10 de junio de 2008 durante el segundo día de la huelga indefinida convocada por los camioneros autónomos a raíz del incremento del precio del gasóleo. La acción de los piquetes en uno de los principales puntos neurálgicos de la actividad empresarial en la Comunitat Valenciana provocó problemas logísticos en la distribución de alimentos. El polígono de El Oliveral era uno de los puntos preferentes para los piquetes porque están concentrados centros logísticos de las principales cadenas de distribución.

El fiscal acusa a los tres imputados de un delito contra el derecho de los trabajadores y alternativamente de un delito de coacciones. El representante del Ministerio Público solicitó al concluir el juicio que en el caso de que sean declarados culpables de un delito contra el derecho de los trabajadores cumplan cuatro años de cárcel y en el supuesto de que se les condene por coacciones se les impongan tres años. Las defensas solicitaron la absolución al sostener que no está acreditada la participación de los tres procesados en los hechos.

El dueño de los camiones aseguró que no conocía de nada a los acusados e insistió en que vio cómo dañaban sus vehículos. "Llamé a una empresa de detectives para que documentara lo que estaba pasando y me fui con las fotos a la policía. Estaban rompiendo parte de los camiones y pinchando las ruedas. Tengo 35 camiones y resultaron daños siete u ocho. Era imposible sacar los vehículos de allí", señaló el empresario. La víctima reclama 45.000 euros por los desperfectos.

Octavio Morellá, el detective que documentó lo ocurrido, explicó a la juez que tomó las fotografías desde las oficinas de la empresa y las imprimió en papel para que la Guardia Civil identificara a los autores. Morellá precisó que los autores de los daños llevaban objetos punzantes. "Vi a uno con un destornillador y a otro con un cúter, aunque no sé si eran los acusados. Lo que sí vi fue a uno de los procesados coger una piedra y romper el cristal de uno de los camiones", indicó el detective.

Uno de los guardias civiles que estuvo en el lugar de los hechos afirmó: "Los daños se produjeron delante mío. Al pinchar las ruedas de los camiones de la empresa -denunciante- bloquearon la entrada del polígono". El agente añadió que en algunos momentos había "500 personas".

El acusado que declaró en el juicio señaló que vive cerca del polígono y que se acercó por curiosidad. "Fui con más personas y cuando llegamos los daños ya estaban hechos. Yo no toqué los camiones", manifestó. El procesado insistió que sí había actuado como piquete informativo, pero sólo en el puerto de Valencia. El imputado admitió que aparece en las fotografías aportadas a la causa, pero subrayó que no llevaba nada punzante en la mano. Además, añadió que él y los otros dos procesados han sido denunciados por la empresa atacada porque el jefe les conocía y tenía problemas con él.