El pleno debate sobre el recorte de plantilla anunciado por Telefónica y la reforma legislativa que prepara el Gobierno para penalizar las prejubilaciones de las empresas que han declarado beneficios, se cuelan los planes emprendidos por las cajas de ahorros españolas para ajustar sus plantillas en el proceso de reestructuración financiera.
En total, se han anunciado más de diez mil prejubilaciones de los ocho grupos financieros surgidos del proceso de reordenación impulsado por el Banco de España, si se restan las más de ochocientas que tenía prevista la CAM antes de quedar fuera del proyecto de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura.
La mayoría de estas prejubilaciones se han negociado con los sindicatos contando con que los despedidos percibirían la prestación por desempleo durante los dos años siguientes a la salida de la entidad financiera; una práctica que pretende erradicar el Gobierno, según anunció el pasado lunes tanto el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, como la vicepresidenta segunda, Elena Salgado.
De hecho, Gómez adelantó que la reforma legal emprendida por el Ejecutivo, que pretende incluirse aprovechando la reforma de las pensiones o la de las políticas activas de empleo, contempla que en el caso de que las empresas hayan declarado beneficios, estarían obligadas a asumir el coste que actualmente cubre el Estado -la prestación de desempleo durante dos años-, ya que considera que supone un ahorro para la empresa en la negociación del despido con los trabajadores.
La iniciativa del Gobierno, además, ha contado con el visto bueno de la mayoría de fuerzas políticas, como el PP, CiU y ERC, que quieren poner coto a las prácticas ventajosas de las empresas en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
En el caso concreto de Bankia, grupo en el que están integradas Bancaja y Caja Madrid, está prevista la salida de 3.756 trabajadores antes de 2013, según anunció Rato, la mayoría mediante prejubilaciones para los empleados que tuvieran más de 54 años. Precisamente, estas dos entidades financieras declararon beneficios netos en 2010. En el caso de Bancaja, ascendieron a 102 millones de euros, y en el de Caja Madrid, a 256 millones. Lo mismo ha sucedido con el resto de las cajas que se encuentran inmersas en sus en reestructuraciones de plantilla. Además, en estos casos se da la circunstancia de que los diferentes grupos financieros han recibido ayudas del FROB por valor de once mil millones de euros.
