La Comisión Europea pidió este martes a España que trabaje "rápidamente" en el presupuesto para 2012 a fin de avanzar en la reducción del déficit público, sobre cuyas cifras de 2011 el responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, dijo que no se pueden sacar "conclusiones prematuras".

Rehn declaró en rueda de prensa en Estrasburgo (Francia) que para conocer con certeza los datos del déficit español hace falta esperar a las dos próximas perspectivas económicas que prepara la CE: las intermedias del 23 de febrero y las completas de primavera, varias semanas después.

"Esperamos que las autoridades españolas sustancien las medidas anunciadas recientemente para restaurar la sostenibilidad fiscal y avancen rápidamente en la preparación del presupuesto de 2012 a fin de cumplir con los objetivos" de déficit para este año y el próximo, añadió Rehn.

Respecto a la información de la agencia de noticias Reuters que, citando a varias fuentes de la CE que no identifica, aseguraba que Bruselas se plantea la posibilidad de que el Ejecutivo español haya aumentado de forma artificial el desfase del déficit de 2011, Rehn aseguró que son "imaginativas", "incorrectas y engañosas".

En Londres, por su parte, el ministro español de Economía, Luis de Guindos, dijo que Rehn le había "desmentido absolutamente" en una conversación telefónica que la CE esté investigando que España haya podido inflar los datos de déficit público.

El comisario de Economía recordó que a finales de 2011 el nuevo Ejecutivo español, presidido por Mariano Rajoy, informó de una "seria desviación" en el déficit público español (del 8 % del PIB frente al 6 % previsto), pero que al mismo tiempo "tomó acciones rápidas" para limitar ese desfase a través de medidas fiscales.

De cara a 2012, el Ejecutivo español, recalcó Rehn, "ha señalado claramente su compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas".

Eurostat, la oficina estadística de la UE, tiene previsto divulgar los datos finales de déficit y deuda pública de finales de 2011 el próximo 23 de abril.

El comisario presentó este martes en la sede de Estrasburgo del Parlamento Europeo el primer informe de la CE sobre el mecanismo de alerta del nuevo procedimiento por desequilibrios macroeconómicos, en vigor desde el 13 de diciembre, que prevé sanciones para los países de la eurozona por incumplir los límites de déficit y deuda y registren graves distorsiones en el plano macroeconómico.

El informe señala que España y otros once países comunitarios requieren una investigación más profunda para determinar si registran desequilibrios potencialmente dañinos para su economía, la del conjunto de la UE y especialmente de la eurozona.

Para esta primera radiografía de desequilibrios macroeconómicos la Comisión se ha basado en diez indicadores y España suspende en seis de ellos: la balanza por cuenta corriente, la posición neta de inversión internacional, la cuota de mercado de las exportaciones, la deuda pública, la deuda del sector privado y el desempleo.

La Comisión Europea afirma que la economía española está actualmente atravesando un "periodo de ajuste", después de generar "grandes desequilibrios externos e internos durante la prolongada burbuja inmobiliaria y el 'boom' crediticio antes de la crisis".

Las conclusiones del informe serán analizadas por el Eurogrupo y el Ecofin de marzo, y después la Comisión elaborará las revisiones por países, que se presentarán en mayo o junio.

Si Rehn concluye que los desequilibrios son graves o pueden poner en riesgo el funcionamiento adecuado de la Unión Económica y Monetaria, puede recomendar al Consejo de Ministros la apertura de un Procedimiento por Desequilibrio Excesivo a un país.

Entonces, ese país tendrá que detallar en un plan de acción las medidas que promoverá y las fechas en las que pretende corregir las distorsiones, aunque a diferencia con el procedimiento por déficit excesivo, el calendario es más flexible.

En última instancia, la Comisión puede pedir un depósito generador de intereses que, en una segunda fase, puede convertirse en una multa de hasta el 0,1 % del PIB, lo que equivaldría en el caso de España a unos 1.000 millones de euros.