Los proveedores de las Administraciones Públicas viven en una contradicción. Por un lado aplauden la decisión del Gobierno de intentar atajar el grave problema de la morosidad pública. El primer paso ha sido el decreto para financiar la deuda pendiente de los ayuntamientos. Pero la decisión del Ejecutivo central de dar prioridad a las facturas que apliquen un descuento sobre el principal de la deuda ha enervado los ánimos.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad valoró el plan de pagos pero calificó de "injusta" la quita que pretende el Gobierno. "No podemos permitir que las empresas a las que las Administraciones Locales les adeudan, sobre todo pymes y autónomos, terminen cobrando un importe inferior a los costes del servicio o producto y asumiendo intereses de gestión u otros". Según esta plataforma, el descuento puede crear "inseguridad jurídica" ya que se trata de un mecanismo que elimina la garantía que pudiera haber en la contratación con organismos locales.

También, la Asociación de Acreedores de las Administraciones con sede en Valencia, denunció que el decreto del Gobierno que da prioridad de pago a los acreedores que ofrezcan un descuento "choca frontalmente con la legislación especial de lucha contra la morosidad".

Según esta asociación de reciente creación y todavía con muy pocos miembros, la Administración no puede negociar ni el devengo ni el importe de los intereses de demora. "Si no se permite a la Administración negociar los intereses de demora ¿cómo va a poder condicionar el pago a que la empresa ofrezca una quita?".

La asociación mostró su preocupación porque el pago se condicione a la aprobación de planes de ajuste de los ayuntamientos. Según estima "es de presumir que las entidades locales con más deudas y problemas de liquidez sean las menos capacitadas para presentar planes de ajuste aceptables por el Ministerio de Hacienda, con lo cual, quedarían fuera del mecanismo". E insistieron: "Quedarían fuera acreedores y proveedores de las entidades locales que menos garantías ofrecen en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones".

Una gran empresa contratista como FCC anunció ayer que no hará quitas. La compañía que preside Esther Koplowitz prevé ingresar este año los 1.700 millones de euros de deuda vencida que le deben las administraciones pública, según informó el presidente del grupo, Baldomero Falcones. La compañía "no contempla" la posibilidad de aceptar una quita a este importe. "No creo que esta sea la forma de tratar con las Administraciones Públicas, que deben hacer frente al pago de su deuda", indicó Falcones.

Óscar Tena, presidente del PSPV y alcalde de Vilafranca, advirtió de que parte de la deuda municipal con proveedores procede de impagos de la Generalitat del Plan Confianza y prestación de servicios sociales. Según dijo, el Gobierno debería obligar a las autonomías a pagar porque sino los municipios tendrán que asumir el coste de los intereses y además subir tributos para cubrir sus gastos, tal como recoge el decreto gubernamental para los planes de ajuste municipales.