El Gobierno anunció en el último Consejo de Ministros que los ajustes en las prestaciones por desempleo —el recorte del 60 al 50 % sobre la base reguladora a partir del sexto mes— no afectarían al periodo máximo de percepción. Y, efectivamente, sobre el papel es así, ya que se mantienen los 24 meses de prestación, sin embargo, el recorte económico que supone ese 10 %, teniendo en cuenta que se agoten los dos años de paro, equivalen a un recorte de tres meses y medio de desempleo.
Según los cálculos realizados por el área de empleo de CC OO de la Comunitat Valenciana, para una persona con una base reguladora de mil euros, durante los seis primeros meses de la prestación por desempleo percibiría 700 euros, que a partir del séptimo mes pasarían a ser 500 –frente a los 600 euros que cobraría antes de los ajustes que entraron en vigor el pasado lunes–. Si el parado consumiera sólo los doce primeros meses de desempleo, el recorte sería de 600 euros, pero si agotara los 24 meses, cobraría 1.800 euros menos, lo que equivale a tres meses y medio de la prestación.
En el caso de que la base reguladora sobre la que se calcula el subsidio fuera de 1.200 euros, que está más en línea con la media, durante los primeros seis meses cobraría de paro 840 euros, y a partir del séptimo mes pasaría a 600. Es decir, que al cabo de un año de prestación, cobraría 720 euros menos que un parado actual y si agotara el subsidio, la cifra subiría hasta los 2.160 euros.
La cuota de la Seguridad Social
Sin embargo, este no será el único recorte que sufrirán los nuevos parados, ya que habría que restar 1,65 puntos más a cada mensualidad para cubrir el 35 % de la cuota de la Seguridad Social que deja de pagar el Estado. Hasta la publicación del real decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria el pasado domingo, el servicio público de empleo se hacía cargo del 35 % de la cotización a la Seguridad Social de los parados, fijada en el 4,7 % y el 65 % restante se le descontaba al desempleado. Sin embargo, desde la entrada en vigor de los cambios legislativos, el parado deberá asumir el 100 % de la cotización, lo que supone un descuento adicional de 1,65 puntos.
Con estos ajustes, sumados a la eliminación del subsidio especial para los mayores de 45 años; la ampliación de 52 a 55 años del acceso al subsidio en caso de los prejubilados y la reducción de coberturas de salarios e indemnizaciones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) –en los impagos cubrirá hasta una cantidad que no supere dos veces el salario mínimo interprofesional (SMI) frente a las tres actuales y en los salarios atrasados se limitan a 120 días, frente a los 150 actuales–, el Ejecutivo espera ahorrar 4.000 millones de euros, según reconoció ayer la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo. Además, la alto cargo del ministerio cifró en 1.500 millones de euros el ahorro de la eliminación de las bonificaciones a la contratación, ya que a partir de ahora solo se mantendrán las de los colectivos «vulnerables» –discapacitados y embarazadas–, las de los beneficiarios de contratos de emprendedores y para los jóvenes que se conviertan en autónomos.
Para el área de empleo de CC OO, estas medidas suponen «criminalizar a los parados, como si fueran los responsables de la situación». «Si cuando escuchábamos a Rajoy nos echábamos las manos a la cabeza, cuando leímos el BOE, nos arrancamos el pelo», señalaron al comprobar la magnitud de las modificaciones.
Fátima Bañez. «El Gobierno puede mirar de frente a los ojos de los parados»
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, aseguró ayer que el Gobierno puede mirar «serenamente» a los parados a los ojos «porque les puede garantizar que sus prestaciones por desempleo siguen en las mismas condiciones». Durante su intervención en el pleno del Senado, Báñez explicó que los parados que ya estén en el sistema «seguirán cobrando lo mismo» y que serán los nuevos los que dejarán de percibir entre un 50 % y un 60 % de la prestación a partir del séptimo mes. Además, garantizó que habrá un tercio de desempleados que tendrán cubierto un tope mínimo. La titular de Empleo ha arremetió contra el PSOE por dejar a España «en una situación de emergencia económica y social, con el 9 % de déficit, más de cinco millones de personas en paro y una deuda de más del 100 % de lo que produce». Báñez se defendió de las críticas del PSOE asegurando que fue su Gobierno de los años noventa «el que realizó el gran recorte social cuando redujo sin límite la prestación por desempleo». Asimismo, Báñez espetó que son los socialistas «los que no pueden mirar a la cara a los parados, porque son ellos los que mandan a la gente al paro, incluso dentro de sus propias filas».
«Este Gobierno lo único que está haciendo es sacar adelante al país una vez más», subrayó la ministra, quien cree que España superará la crisis «saldrá reforzada de ella, aunque ahora el Ejecutivo tenga que tomar medidas dolorosas por culpa del PSOE».
