Los afectados por las preferentes que opten por la vía del arbitraje para tratar de recuperar su inversión al considerarse que fueron engañados o estafados, se lo jugarán todo a una carta sin posibilidad de utilizar otras vías de reclamación, como la judicial. Así lo recogen las hojas informativas remitidas en los últimos días por la conselleria de Economía a los afectados por las preferentes u otros productos financieros similares, en las que se informa sobre los dos caminos para llevar a cabo las reclamaciones: el judicial y el de arbitraje de Consumo.

La conselleria señala que la segunda de las opciones, que es voluntaria y gratuita, cierra la puerta a cualquier otro tipo de demanda, incluida la judicial. La decisión adoptada por la Junta Arbitral de Consumo -laudo arbitral- será vinculante, tendrá el mismo efecto que una sentencia judicial y no se podrá impugnar, ya que "pondrá fin a cualquier reclamación".

Para poder presentar la demanda ante Consumo, una de las condiciones es que no se haya presentado antes una denuncia en los tribunales. El afectado deberá presentar la orden de compra o el contrato de las participaciones preferentes, el test de idoneidad o de conveniencia que le hiciera la entidad financiera para vender el producto, los folletos informativos o cualquier otro documento para reforzar la defensa de sus intereses. Una vez presentada esta solicitud, el banco emisor podría decir que no la acepta, con lo que al afectado solo le quedaría el recurso por la vía judicial. En caso contrario, la entidad financiera deberá aceptar el laudo arbitral.

Las personas que tengan productos de alguna de las entidades integradas en Bankia -Caja Madrid, Bancaja...-, antes de acudir al sistema de arbitraje deberán pasar por el filtro de la auditora KPMG, que será la que determine si podrán acceder a recuperar la totalidad de la inversión hecha si se demuestra que han sido engañados y, además, tendrán que haber canjeado previamente las participaciones preferentes por acciones.

Esta vía, según anunció el ministro de Economía, Luis de Guindos, "se aplicará en los casos más flagrantes, donde se haya demostrado mala "praxis" en la comercialización de los productos".

Este procedimiento ha sido duramente criticado desde las asociaciones de consumidores que defienden los intereses de los afectados por las preferentes, especialmente por Adicae. Se estima que solo Bankia llegó a comercializar 4.500 millones de euros en participaciones y deuda subordinada a minoristas.