Después de cuatro meses y medio de calvario judicial por la imputación de un delito de cohecho y otro de tráfico de influencias, el administrador de Hacienda de Llíria, su compañera de Catarroja y otros dos funcionarios de esta última delegación han recobrado la tranquilidad: la juez de Catarroja ha exculpado a los cuatro funcionarios y al matrimonio detenido en la misma operación porque no aprecia delito alguno en la conducta de ninguno de ellos.
En un auto notificado ayer a las partes, la juez de Instrucción número 4 de Catarroja ordena el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra los cuatro funcionarios y el matrimonio el pasado mes de junio, tal como solicitaba la Fiscalía. La magistrada afirma que "del conjunto de diligencias de investigación practicadas, principalmente del informe de la AEAT de fecha 29 de julio de 2013 no resulta suficientemente acreditado que los imputados hayan cometido hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de cohecho, tráfico de influencias p de cualquier otra figura delictiva".
La bautizada por la Guardia Civil como "Operación Valtar" fue desarrollada a mediados del pasado mes de junio en distintos puntos de Valencia, cuando agentes de Policía Judicial de la Comandancia de Tarragona detuvieron al administrador de Llíria y a un matrimonio amigo suyo, e imputaron a la administradora de Catarroja, al jefe de renta y a un funcionario de esta última delegación.
Los agentes actuaron bajo el mandato de la juez de Instrucción número 1 de Tortosa, quien creía haber encontrado un delito de cohecho y otro de tráfico de influencias en unas escuchas telefónicas abiertas por otra causa y en las que se grabó una conversación que aludía a un hecho ocurrido en Valencia. Al parecer, Hacienda había requerido una información a la mujer del amigo al haberse aplicado una deducción por vivienda al 100%. Ya en aquel momento, la Agencia Tributaria había examinado el expediente y había determinado que la deducción era correcta porque las aportaciones económicas eran solo de la mujer. Sin embargo, la juez ordenó las detenciones e imputaciones que ahora han quedado completamente invalidadas.
