Mientras miles de franceses salían a la calle en París para protestar contra la reforma de la jubilación en aquel país, que les quiere privar del derecho a una jubilación completa a los 60 años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pintaba en la capital francesa un panorama desolador para los futuros pensionistas españoles, especialmente para los que se encuentran en unos niveles salariales medios y bajos.
La vinculación de las futuras jubilaciones con la esperanza de vida para tratar de contrarrestar el envejecimiento de la población y la reducción de la fertilidad, según un informe de la OCDE tiene dos lecturas. Una, positiva para las arcas públicas, porque permite un equilibrio económico para garantizar la percepción, -actualmente se emplea un 10 % del Producto Interior Bruto (PIB) que en 2050 subirá hasta el 14%-. Y otra negativa, porque aumenta la incertidumbre de los futuros pensionistas, especialmente las de los trabajadores con bajos o medios ingresos.
En el caso de los primeros, los cálculos que realiza el organismo señalan que en su pensión final percibirían el 70 % de la media salarial cobrada en su vida laboral, mientras que en el caso de los que tenían sueldos medios, esa proporción descendería hasta el 54 %.
Estos últimos datos son relevantes, puesto que en España se produce una particularidad respecto a la mayoría de los países de la OCDE, que es la mayor dependencia de los jubilados de la red pública de pensiones y ayudas, ya que el 72 % de los ingresos que perciben proceden de la administración pública, frente al 59 % de media en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que consiguen compensar sus jubilaciones con otras fuentes de ingresos, como planes de pensiones privados.
La OCDE, por ello, recomienda una supervisión estricta de los niveles de pobreza que podrían acarrear estas situaciones. No obstante, también reconoce los avances en este campo que se han producido en España en los últimos años antes de acometerse las reformas y los ajustes económicos. Los índices de pobreza en la vejez entre los años 2007 y 2010 se recortaron en España del 21 % al 12 % -nueve puntos-, muy por encima del descenso medio en la OCDE, que pasó del 15,1 % al 12,8 % -2,3 puntos-.
Además, se da otra circunstancia particular en España que hace que los jubilados, a pesar de percibir unas pensiones inferiores a las de otros países de la OCDE, cuenten con una mayor renta disponible, casi un 30 %, uno de los valores más altos. Se trata de la vivienda en propiedad. El 77 % de los mayores de 55 años han adquirido un piso que al llegar a la jubilación ya tienen pagado, lo que aumenta su capacidad de gasto, frente a lo que ocurre en otros países, que deben continuar destinando una parte importante de sus ingresos al alquiler. Sin embargo, este colchón también lo están perdiendo las nuevas generaciones, ya que solo el 60 % de los menores de 45 años tienen una vivienda en propiedad.
"Elevar la edad de retiro y promover las pensiones privadas son pasos que van en la dirección indicada, pero por sí solos son insuficientes" resumió el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, quien instó a los gobiernos a considerar el impacto a largo plazo en la cohesión social, la desigualdad y la pobreza.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, anunció ayer que el Gobierno aprobará en las próximas semanas una reducción media del 30% sobre las comisiones máximas que aplican las gestoras de planes de pensiones. Un anuncio que tuvo una respuesta inmediata de los sindicatos UGT y CCOO, que cuestionaron su efectividad: "lo cierto es que los españoles no tienen capacidad de ahorro suficiente como para contratar estos productos".
El secretario confederal de Protección Social de Comisiones, Carlos Bravos, señaló que esta medida sólo afectará a una parte de los ciudadanos que tienen contratados planes individuales, ya que en 2012 el tipo medio se situó en el 1,41%, aún inferior al 1,5% que resultaría de reducir en un 30% el tipo máximo, que se situó en el 2,5%. Por su parte, la secretaria de Política Social, Carmen López, coincidió en que "la mayoría de los ciudadanos no pueden ahorrar" y añadió que el sistema público es "el garante de la protección de los jubilados".e.p.madrid
