El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) se propone este año llevar a cabo «un importante esfuerzo de saneamiento», mediante refinanciaciones, para evitar que las empresas financiadas a través de él, sobre todo pymes, acaben muertas ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas. Este cometido es consecuencia directa de la decisión de la Generalitat de deslindar la actividad crediticia de la administración, que hasta este año ejecutaba en exclusiva el IVF. El cambio implica que las nuevas operaciones de financiación que realice el sector público con el privado serán competencia del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), que depende de la conselleria de Economía, mientras que el IVF, integrado en la conselleria de Hacienda que dirige Juan Carlos Moragues, mantiene la gestión de la cartera de clientes generada con anterioridad al deslinde.
Fuentes oficiales de este departamento de la Generalitat aseguraron a este diario que la cartera del IVF, integrada tanto por préstamos a pymes como por operaciones estratégicas que implican a la propia administración, cuenta en estos momentos con más de 254 líneas crediticias abiertas por un importe inicial de 452,9 millones de euros. El saldo vivo de ese dinero asciende en la actualidad a 290,6 millones, lo que equivale a un 64 %. Según las citadas fuentes, el objetivo en 2014 es «posibilitar la continuidad del máximo número de empresas que, siendo viables económicamente, requieran un apoyo financiero a través de operaciones de reestructuración y refinanciación que flexibilicen las condiciones de pago de sus deudas». Dicho de otra manera, se trata de facilitar que «aquellas pymes que ya son prestatarias de este organismo puedan hacer frente a los créditos suscritos», en un contexto de gran dificultad en este terreno. Cabe recordar las continuas quejas de los empresarios por las dificultades que están encontrando en las entidades bancarias a la hora de obtener financiación de ellas. Además, uno de los vehículos habituales en la financiación de las pymes, como es la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana, prácticamente se encuentra paralizada en su actividad como avalista ante las entidades financieras a la espera de que la Comisión Europea se supone que en este primer trimestre, según fuentes de la conselleria de Hacienda dé su visto bueno al crédito bancario concedido el año pasado gracias a un aval de la Generalitat.
Las fuentes mencionadas explicaron que los procesos de reestructuración y refinanciación de deuda «se vienen produciendo en los últimos años con gran asiduidad», hasta el punto de que «en muchas» de las 254 operaciones en curso «se han revisado ya las condiciones», en algunos casos «varias veces» y en al menos 64 de ellas, con un riesgo vivo de 97,5 millones de euros, «se ha modificado el calendario de amortización en al menos una ocasión para facilitar su repago». En suma, se trata de dar más tiempo a esas empresas, cuyas operaciones pueden ser fallidas, para devolver el dinero, lo que evita o demora su cierre, a la par que permite al IVF eludir los costes que le acarrearían el impago definitivo.
Reformas
El pasado 15 de enero, el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Montes, explicó que, además de estas operaciones, seguirán siendo competencia del IVF la financiación, la prestación de avales y la gestión del endeudamiento del sector público valenciano, así como las relaciones con entidades bancarias y la supervisión de las que están bajo la tutela administrativa de la Generalitat. A este respecto, el IVF se propone también llevar a cabo este año una «actualización, simplificación y refundición de la normativa autonómica sobre supervisión prudencial de las entidades financieras», además de adaptar la ley valenciana de cajas a la estatal, cuya incidencia se circunscribe a Caixa Ontinyent, la única que sigue funcionando.
