«Entidad solvente». Así se pronunciaba la dirección general de Supervisión del Banco de España en el informe de seguimiento fechado el 23 de julio de 2010 referido a la situación de Bancaja a 31 de marzo del mismo año. Las fechas son relevantes, porque el 10 de junio de aquel ejercicio la entidad de ahorros valenciana se sumó al SIP liderado por Caja Madrid del que luego nació Bankia. Y ocho días antes, tal como relataron los expresidentes de Bancaja, José Luis Olivas, y de Caja Madrid, Rodrigo Rato, al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que instruye la causa tras la querella presentada por UPyD, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, instó a Olivas a fusionar su entidad con Caja Madrid bajo la amenaza de intervención de la valenciana en caso de que se negara. ¿Por qué era solvente en aquel momento una caja que contribuyó poderosamente a que Bankia fuera intervenida en mayo de 2012 y España tuviera que pedir el rescate europeo? El informe de los inspectores, recientemente incorporado a la citada causa y al que ha tenido acceso este diario, enumera una serie de factores, entre ellos que los recursos propios de Bancaja a 31 de diciembre de 2009 tenían un superávit de 3.083 millones de euros, que el coeficiente de solvencia había aumentado desde junio de ese año de un 12 % a un 12,3 % y el core capital, del 6,6 % al 7 %, y que «la capacidad de emisión de participaciones preferentes es de 1.097 millones de euros».
¿Por qué si era solvente el supervisor puso en juego todo su poder para que Bancaja se fusionara con Caja Madrid, que estaba en una situación parecida?. El informe no da una respuesta explícita a esta cuestión, pero deja suficientes afirmaciones como para entender que la caja valenciana estaba en realidad en una pésima situación o, dicho por el Banco de España, con «perfil de riesgo supervisor alto» como consecuencia de sus tres principales debilidades: «el deterioro de la inversión crediticia, en especial en los sectores promotor e inmobiliario, su delicada situación de liquidez y el riesgo de negocio».
Resulta sorprendente que el informe no censure en modo alguno unas prácticas bancarias que el propio Banco de España luego denunciará en otras entidades. El caso más emblemático es el del Banco de Valencia, controlado por Bancaja hasta ser intervenido por el FROB en noviembre de 2011. Varias de las denuncias presentadas por el fondo público ante la Audiencia Nacional relatan irregularidades derivadas de los intentos de sus exgestores de minimizar la morosidad para eludir las provisiones y, por tanto, no mermar los beneficios. El documento referido a Bancaja asegura que «desde 2008 la morosidad ha irrumpido con fuerza aunque el pase a fallidos, los activos adjudicados, las daciones en/para pago y las reclasificaciones a normal de activos dudosos, a través de procesos de refinanciación, evitan que se refleje en su totalidad en el balance». Tan es así que el ratio de mora declarado por la caja era del 5,2 %, pero que «corregido (daciones+adjudicaciones) se sitúa en el 9,45 %». Las refinanciaciones crecían a un ritmo del 280 %. La entidad tenía por entonces pendiente de reclasificar a dudosos 1.392 millones en créditos y a subestánsar, otros 1.262.
La liquidez era el otro talón de aquiles. Cerrados los mercados, solo el BCE era un recurso, pero a corto plazo. Para 2010 estaba previsto un déficit en la posición tomadora de 4.222 millones y los vencimiento en 2012 eran enormes.
