La primera reunión mantenida entre la patronal Anesco y los sindicatos de la estiba en España ha constatado los auténticos problemas que tendrá el Gobierno de España para adaptar su ley de puertos tras el mandato de la Comisión Europea (CE), avalado por la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Los representantes de los estibadores españoles —que defienden los intereses de una plantilla fija de 6.000 trabajadores— rechazan de plano la liberalización en los servicios de carga y descarga de mercancías, así como la pretensión de Bruselas de poner fin al monopolio en la contratación de empresas y de personal sostenida en los 46 emplazamientos de transporte marítimo de interés general españoles, entre los que se encuentra el de Valencia.
El máximo responsable de Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, sindicato mayoritario en los muelles, ha dejado claro que esta central «no tiene prisa» y «vería bien» otra denuncia para así ganar tiempo y seguir defendiendo el actual modelo portuario; es decir el que controla una sóla mercantil en cada recinto portuario y —a diferencia de otros países de Europa— no permite la entrada de otras compañías estibadoras en sus terminales.
Gravedad de la situación
Al término del citado encuentro, celebrado en Madrid, el presidente de la patronal Anesco, Boris Wanzel, a la sazón representante de Noatum Ports —gestora de la principal terminal de contenedores del puerto de Valencia, así como de otras instalaciones en grandes puertos españoles— no ha querido valorar la gravedad del nuevo escenario abierto tras la sentencia de la UE y que complicará aún más las complejas relaciones laborales en el sector.
Tampoco Puertos del Estado (Ministerio de Fomento) toma cartas en el asunto y prefiere dejar en manos de patronal y sindicatos la reforma del modelo que reclama el Ejecutivo de Bruselas, probablemente abocada al más absoluto fracaso.
Coordinadora de Trabajadores del Mar, que aglutina más del 60 % de los estibadores españoles, está dispuesta a no abordar ninguna reforma y aguardar a una segunda denuncia de la Comisión europea. En opinión de Goya, según las declaraciones recogidas por Diario del Puerto, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE «muestra un desconocimiento claro del modelo portuario español por parte del Tribunal, sin información suficiente para tener un criterio claro». Goya considera que Coordinadora «afronta este momento con tranquilidad y mantenemos el pacto que cerramos de defensa del modelo portuario español, pues ha conseguido ser más competitivo y consolidar inversiones importantes en España», puntualizó. En ese sentido, la central mayoritaria de los estibadores no tiene urgencia alguna para acometer reformas y cambiar la actual Ley de Puertos, de 2011. Además, opta por pasar la «patata caliente» del cambio normativo para adaptarse al requerimiento de Bruselas al Ministerio de Fomento.
Hasta la fecha, el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, ha guardado un mutismo absoluto en relación a fallo judicial que dinamita el blindaje de los trabajadores portuarios.
