La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dinamita el blindaje de los estibadores implantado en grandes puertos españoles como el de Valencia, Barcelona, Algeciras o Bilbao „donde tan sólo opera una empresa por recinto portuario para prestar servicios de carga y descarga de mercancías „ ha puesto a trabajar contrarreloj a dirigentes de la patronal Anesco y de los sindicatos más representativos. El Ministerio de Fomento, con vistas a evitar posibles conflictos laborales, reclama a ambas partes la búsqueda urgente de otro modelo que permita adaptar la legislación española al fallo judicial y rompa un régimen de monopolio que, según Bruselas, impide la libre competencia en los muelles y dispara los costes de explotación en las terminales, según las compañías navieras.
La ronda de negociaciones entre patronal y sindicatos ha comenzado en Madrid y parte con posturas bastante dispares. Las fórmulas barajadas sobre la organización del trabajo y las relaciones laborales de los estibadores (el puerto de Valencia cuenta con 1.400 empleados fijos y unos 350, eventuales en una bolsa de trabajo) difieren porque algunos sindicatos abogan por la «titularidad estatal del servicio público de la estiba portuaria».
La central Coordinadora de Trabajadores del Mar, que domina más del 60 % de los representantes del personal en los puertos españoles, va más allá e insiste al Gobierno a «defender el actual modelo de estiba». En ese sentido, sostiene que la sentencia de Luxemburgo «constituye una agresión inaceptable contra la estabilidad en el empleo» en España al pretender convertir contratos indefinidos con el conjunto de las empresas agrupadas en sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (SAGEP) de cada puerto en «desempleados gestionados por empresas de trabajo temporal».
En la actualidad, las empresas estibadoras en los 46 puertos de interés general que hay en España no pueden contratar libremente a sus trabajadores, sino que están obligadas a participar financieramente en el capital de las citadas SAGEP, que son las que les facilitan la mano de obra necesaria.
Frente al modelo que defienden los sindicatos, fuentes de la patronal Anesco sostienen que «son varias las opciones que maneja el sector» para adaptar la Ley de Puertos (2011) a la liberalización de servicios que exige Bruselas. Los patronos abogan por dar entrada a más empresas de servicios de carga y descarga en las terminales de mercancías, si bien consideran necesario que las empresas concesionarias de los puertos participen y controlen parte del capital de las firmas de estiba. Además, apuestan por la participación «activa» de las empresas de trabajo temporal para tender momentos de mayor actividad en los muelles.
Sin duda, el fallo judicial de Luxemburgo fuerza una negociación y avisa de una cuestión que con la reforma de la Ley de Puertos del Gobierno de España quedó pendiente. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero „después de unos años de eleva conflictividad„ no se atrevió a una verdadera liberalización del sector dando libertad a las empresas para ejercer las tareas de carga y descarga de los buques de mercancías, lo que sí funciona en puertos del norte de Europa.
Silencia en Fomento
Mientras el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, y la propia ministra de Fomento, Ana Pastor, guardan silencio sobre la reforma de la actividad de la estiba en España, los sindicatos ya han comenzado a organizar asambleas de trabajadores para estudiar posible movilizaciones en los próximos meses. Coordinadora, de entrada, ya avisa de que si el Gobierno «desea aprovechar esta sentencia para algún propósito turbio „puntualiza„ habrá movilizaciones unitarias y rotundas de todos los estibadores».
