Cuatro días. Es el plazo del que disponen los ciudadanos titulares de una cuenta corriente en la Comunitat Valenciana „y en España y Europa„ para autentificar los depósitos bancarios que no estén verificados con la documentación necesaria si no quieren arriesgarse a un bloqueo total de sus ahorros. Así lo marca la Ley 10/2010 sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
Desde que esta normativa entrara en vigor hace cinco años, las entidades financieras se han visto obligadas a contactar con los clientes que podrían verse afectados ante esta tesitura. Se han enviado miles de correos electrónicos y mensajes telefónicos de texto (SMS). A su vez, una de las situaciones más habituales ha sido el bloqueo de la operativa por parte de la firma financiera, lo que causa que el usuario se vea obligado a acudir a su banco. La presentación de una fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) suele ser suficiente para encauzar la situación con la oficina, aunque también se pueden requerir documentos extra, como una nómina mensual o un contrato laboral.
Según marca la ley, son las entidades las que tienen que contactar con el cliente, y no al revés, así que si un cliente no ha sabido nada de su banco, en principio, puede estar tranquilo, ya que puede ser porque éste ya tiene en su poder todos los datos que necesita, DNI digitalizado incluido.
Sin embargo, también existe la posibilidad de que la entidad no haya logrado contactar con el afectado por haber mandado la carta a una dirección antigua, y éste, sin saber nada, se encuentre con la desagradable sorpresa de que no puede operar en sus cuentas después del 30 de abril.
«Comprensión y colaboración»
A finales del pasado marzo, la Asociación Española de la Banca (AEB) y la patronal de las cajas de ahorros (CECA) ya pidieron a los clientes bancarios «comprensión y colaboración» a la hora de aportar esta información, tal y como exige la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales. Los «rezagados» no se quedarán sin su dinero, sino que dispondrán de tres meses para regularizar su situación. Sin embargo, después la cosa se complica, ya que serán necesarios más trámites que la presentación del DNI para volver a acceder a sus cuentas.
Concretar la cantidad de fondos irregulares que podrían aflorar con la ley de prevención de Blanqueo de Capitales es muy difícil. En círculos financieros se estima que podrían verse afectados menos del 10% de los ahorros bancarios que hay en España, que ascienden hasta los 85 millones. Así, se hablaría de cuentas irregulares por valor de 8,5 millones. Las adquisiciones y fusiones bancarias aprobadas durante los años de la crisis tampoco han ayudado. El cierre de oficinas ha conllevado que haya problemas para identificar a muchos clientes. La existencia de cuentas inactivas o con cantidades muy residuales también ha representado un problema.
Aplicación progresiva
Las entidades con mayor presencia en la Comunitat Valenciana „Bankia, Banco Sabadell y Caixabank„ han ejecutado desde 2010 sus respectivos planes de adecuación a la ley de capitales, que han aplicado de forma progresiva desde la aprobación de la ley.
Así, fuentes del Sabadell explicaron que «cuando la CAM se integró a nuestro grupo comprobamos que había más trabajo de cara a digitalizar y actualizar la documentación de clientes, pero se ha trabajado mucho al respecto y en las últimas semanas la regularización que quedaba pendiente era residual y enfocada más a empresas que a clientes particulares. Todo estará prácticamente resuelto antes del 30 de abril y si queda algún caso será algo excepcional». Por su parte, fuentes de Bankia explicaron que «la muestra de clientes afectados que aún no han regularizado será muy residual, alcanzando menos del 5 % del total. Como mucho, pueden quedar casos aislados».
