Juan Ferri y José Baldó, los dos empresarios alicantinos encarcelados a finales de mes pasado a raíz de una investigación de los negocios que Bancaja y el Banco de Valencia hicieron en el Caribe, están detrás del accionariado del grupo que aspira a reactivar la construcción y puesta en marcha de un hospital privado a la entrada de Valencia por la CV-35, en el término municipal de Burjassot.
Tal como publicó la semana pasada este diario, los fondos de inversión Medical Properties Trust y Teacher Retirement System of Texas, a través de AXA Seguros, se han interesado por hacerse con el terreno y el esqueleto inacabado del futuro centro sanitario. El inmueble es actualmente propiedad de Nuevas Actividades Urbanas (NAU), una sociedad participada por Bankia en un 48 % y por las empresas valencianas Gesfesa y Pavasal. NAU ha solicitado al Ayuntamiento de Burjassot la subrogación de todos lo acuerdos y licencias municipales en favor de los nuevos inversores.
Sin embargo, no serían estos fondos los que gestionen el nuevo hospital, sino el grupo sanitario Imed, dueño de instalaciones hospitalarias en Benidorm (la conocida como Clínica de Benidorm), Elx o Torrevieja. Este operador estaba integrado en el proyecto desde el principio junto a NAU. Ahora ha retomado los contactos con el consistorio que dirige Rafa García a través de la empresa Hospivalencia 2008, una mercantil que tiene como accionista único a Hospimar 2000, matriz del grupo Imed.
Según datos registrales, el accionariado de Hospimar 2000 lo componen las sociedades Hoteles Costa Mar, Promociones Turísticas Amadorio, Benmar Hoteles e Inmotasa. Todas ellas están vinculadas a Ferri y Baldó, bien porque figuran como administradores o exadministradores o porque conservan en ellas poderes en la gestión. Por ejemplo, José Baldó aparece como apoderado de Inmotasa, firma que tiene como accionista a Everes B. V., con domicilio social en los Países Bajos.
Precisamente Holanda es uno de los países en los que el juez de la Audiencia Nacional, Juan Pablo González, investiga el «complejo entramado de ingeniería financiera» ligado a los dos empresarios encarcelados gracias al cual desviaron presuntamente fondos de préstamos procedentes de Bancaja y Banco de Valencia. Era dinero destinado a financiar proyectos inmobiliarios en el Caribe. Según la Guardia Civil, el quebranto para el grupo Bancaja derivados de aquellas operaciones alcanzaría los 246 millones de euros, pues gran parte del dinero no ha sido devuelto. Este agujero motivó una denuncia de Bankia en la Fiscalía que ha terminado en una instrucción en la Audiencia.
Por orden de González, la Guardia Civil detuvo el pasado 29 de junio a Juan Ferri y Salvador Baldó y al expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, el exconsejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, y el expresidente de la entidad Aurelio Izquierdo.
Se da la circunstancia de que la propia Bankia (por herencia de Bancaja) fue accionista del grupo Imed y su matriz Hospimar 2000 con el 31,60 % de capital hasta julio del año pasado, cuando se deshizo de su participación. Fuentes de la entidad esgrimieron razones de confidencialidad para evitar confirmar si el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri vendió su paquete a los mismo empresarios a los que había denunciado ante la Fiscalía por operaciones sospechosas con Bancaja. En cualquier caso, no es descartable que fuera así porque Ferri y Baldó hiciesen valer sus derechos de tanteo y preferencia en suscripción de acciones cuando Bankia quiso colocar su parte a terceros.
