29 de octubre de 2015
29.10.2015
Tribunales

Aznar cobró 1.680 euros al mes de VPI por tres reuniones al año

Cuatro vocales de la sociedad del Puerto de Valencia declaran que el sueldo estaba avalado por los asesores legales

29.10.2015 | 04:15

El ex presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar, cobró durante años un sobresueldo de 1.680 euros al mes de la sociedad Valencia Plataforma Intermodal (VPI) Logística SA, con el visto bueno de los vocales de la entidad, a pesar de la escasa actividad de la empresa dependiente del Puerto de Valencia, creada para comercializar la fracasada Zona de Actividades Logísticas (ZAL).

Cuatro vocales de VPI Logística, Alfonso Grau, Jaime Ronda, Pedro Coca y José Manuel Uncio, declararon ayer como imputados ante el juzgado de instrucción número 14 de Valencia, en la pieza separada que investiga los sobresueldos de Aznar y otros miembros de VPI Logística SA, que ya trabajaban (y cobraban) de la Autoridad Portuaria: el abogado del Estado Fernando Llopis, y los directivos Juan Antonio Delgado y Pascual Navarro.

Ninguno de los vocales que declararon ayer en Instrucción 14 se cuestionó nunca la legalidad de estas «compensaciones», como las definieron, porque estaban «avaladas por los asesores legales y el Abogado del Estado», según fuentes de la investigación. Ignoraban así el principio legal de «una persona un sueldo», impuesto por la Ley de incompatabilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, vigente desde el año 1984.

Tras su declaración, el ex vicealcalde Alfonso Grau, que participaba en VPI Logística SA en representación del Ayuntamiento de Valencia, explicó que tiene su conciencia «absolutamente tranquila, porque nunca he vulnerado la ley en mi vida. Y eso me permite dormir plácidamente por las noches sin necesidad de somníferos, lo cual agradezco enormemente».

Sobre las posibles irregularidades que se podrían haber cometido en VPI Logística SA, Grau se defendió: «Soy doctor en medicina y no en derecho ni en derecho laboral. Si allí había un asesor jurídico y un abogado del Estado, era de esperar que nos advirtieran de alguna irregularidad. ¿Quién soy yo para corregirlo?», interpeló a los periodistas. Grau y el resto de vocales, cobraban dietas por participar en las reuniones de VPI Logística SA, «pero se trataba de 200 o 300 euros por cada reunión y se celebraban dos o tres al año».

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