Los trabajadores de Bosal defendieron ayer en una vista en el juzgado de lo Mercantil de Valencia, que «no existió causa económica que justificara el cierre de la factoría» de Sagunt, que los directivos de la multinacional belga dedicada a los tubos de escape anunciaron a los 220 empleados en la previa del día de Reyes de este año. Según la secretaria general de CC OO en el Camp de Morvedre, Begoña Cortijo, la cita de ayer abre un plazo en dos semanas para que se pronuncie un auto sobre la legalidad de esta maniobra de la empresa.
Entre las pruebas documentales que se presentaron cabe destacar la previsión de gastos que Bosal realizó para 2015, en la que la ya anotaba los despidos de toda la plantilla. Este presupuesto reservaba 5 millones de euros en concepto de indemnizaciones, un gasto «con el que la empresa justificó su quiebra y le permitió ir al concurso de acreedores», añadía Cortijo. La sindicalista considera que esta prueba «deja claro que la quiebra fue premeditada» y que «los cálculos son claros: 220 trabajadores por 20 días al año trabajado».
Esta es «una de las pruebas más importantes que se han presentado en la vista», además de otras sobre la dependencia de la fábrica de Sagunt de un grupo de empresas más allá de una relación mercantil, que demuestra de nuevo que la causa económica no está justificada».
En la cita de ayer también testificaron varios trabajadores quienes confían en que el auto del juez fije las indemnizaciones por los despidos, dictamen que podrá ser recurrido en instancias superiores.
