El regreso de políticos a grandes empresas españolas siempre genera polémica en la sociedad porque, en algunos casos, son flagrantes ejemplos de «puertas giratorias», fenómeno que los partidos emergentes quieren reducir para evitar los conflictos de intereses. Esta semana la reincorporación de exministros y diputados está siendo bastante prolífica lo que ha vuelto a situar en el debate este comportamiento de los cargos públicos.

La exministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno Elena Salgado fichará por Nueva Pescanova y entrará en el consejo de administración de la compañía, que estará integrado por 12 miembros, presidido por Jacobo González Robatto y con Ignacio González como consejero delegado. La exministra socialista (fue también titular de Sanidad y Administraciones Públicas en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) ya fue contratada por una filial chilena de Endesa a los pocos meses de dejar su cargo, en 2012. La expolítica dejó ese puesto en 2015, tras la adquisición por Enel del negocio latinoamericano de Endesa. La exministra se incorporó también al consejo asesor internacional de Abertis.

Andrea Fabra, diputada por el PP hasta la pasada legislatura e hija del que fuera presidente de la Diputación de Castelló ahora en la cárcel por corrupción, Carlos Fabra, reingresará en Telefónica, compañía en la que tenía una excedencia desde 2007 cuando fue elegida senadora y posteriormente, diputada en el Congreso en las dos pasadas legislaturas. El caso de Andrea Fabra no sería un caso estricto de puerta giratoria porque esta licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid trabaja en los servicios legales del departamento internacional de la operadora.

Expresidentes en empresas

El pasado lunes, el secretario general del PSOE y aspirante a presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el fichaje de la exministra de Exteriores y Sanidad, Trinidad Jiménez, por Telefónica. El líder socialista defendió que la política se incorporará como trabajadora y no en el consejo de administración, como sí que han hecho los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Felipe González en grandes multinacionales.

Ciudadanos ha pedido que se revisen las incompatibilidades y Podemos y el PSOE quieren incrementar los impedimentos.