El acuerdo entre PP y Ciudadanos ha puesto en el punto de mira las desigualdades del sistema tributario autonómico y foral. La propuesta de armonizar los impuestos en todos los territorios „punto 5 de los 150 del documento de investidura de Mariano Rajoy„ podría acabar con el «dumping fiscal» en España, que ha convertido a Madrid en un verdadero paraíso fiscal y que está provocando la fuga de grandes fortunas de la Comunitat Valenciana o Cataluña hacia el centro del Estado. Es una de las críticas más duras realizadas por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a su homóloga madrileña Cristina Cifuentes.
En el acuerdo entre populares y el partido de Albert Rivera, la medida se enmarca en el cambio de modelo de financiación, tan reclamado por los valencianos. «En el ámbito de la reforma de la financiación autonómica, se avanzará en la armonización de los tributos propios y cedidos a las autonomías para evitar discrepancias evidentes entre cargas fiscales por incurrir en el mismo hecho imponible en distintas regiones del territorio nacional», refleja. Eso sí, no aclara cómo será ese modelo de financiación, ya que la falta de ingresos provenientes del Estado para cubrir los servicios básicos es la que obliga a algunas autonomías como la valenciana a tener mayores gravámenes.
Así, como se observa en el gráfico, el IRPF del tipo autonómico en Madrid es sustancialmente inferior al de la Comunitat Valenciana. Con una diferencia de 2,5 puntos en el tipo máximo y 2,4 en el mínimo. Pero ahí no acaba el agravio para el contribuyente valenciano. En el impuesto de transmisiones patrimoniales respecto a los bienes inmuebles, Madrid tiene un tipo impositivo del 6 %, el más bajo de España, mientras la C. Valenciana tiene el más alto, el 10 %. Respecto a los bienes muebles, la autonomía madrileña mantiene el tipo estatal del 4 %, mientras la valenciana tiene un 6 %. Este se incrementa al 8 % cuando se trata de obras de arte o antigüedades.
En el impuesto de patrimonio, la comunidad gobernada por el PP con el apoyo de Ciudadanos mantiene una bonificación del 100 % en este tributo. Es decir, no pagan ni un euro. El Consell de Puig creó una tarifa propia que incrementa un 25 % este tributo estatal y redujo de 700.000 a 600.000 euros la cuantía del mínimo exenta de pago. En estos momentos el informe de expertos que maneja el Consell de Puig abunda en modificar estos tributos.
Por lo que respecta al impuesto de sucesiones y donaciones, Madrid continúa con un 99 % de bonificaciones, mientras que la Generalitat mantiene el 75 % de esta reducción de la presión fiscal. La comunidad madrileña tiene un tipo del 4 % en las concesiones administrativas, mientras que la C. Valenciana tiene un 6 % de gravamen. Los actos jurídicos documentados tienen un pago en la C. Valenciana del 1,5 %, el doble de lo que abonan los residentes en Madrid, a quienes gravan un 0,75 %.
El informe Lagares que encargó el Gobierno para armonizar los tributos y acabar con el dumping fiscal se aplazó en 2014. Proponía acabar con Patrimonio y fijar un mínimo exento de 25.000 euros en Sucesiones. Además, considera absurdo que tasas, como la de saneamiento, difieran en Andalucía y la Comunitat Valenciana.
