Pese a que Puerto Mediterráneo está a punto de ser finiquitado por la Generalitat, el inversor del proyecto continúa buscando apoyos contra lo que entiende que ha sido una decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental «arbitraria» y contraria a la seguridad jurídica.
El promotor va a presentar en las próximas horas alegaciones al Ministerio de Fomento para obtener un pronunciamiento favorable a su propuesta de carreteras, tal como ya obtuvo de otro organismo dependiente del Estado, la CHJ.
Después de emitir en 2012 y 2014 dos informes validando el proyecto aunque sujetos a «aclaraciones y justificaciones», el pasado 27 de junio llegó de la Demarcación de Carreteras del Estado en la C. Valenciana un tercer informe contrario a la propuesta de intervención sobre la A-7 para los accesos a Puerto Mediterráneo. En los promotores ha sorprendido que la petición del informe se produjera en abril de 2016, un año después de que el proyecto fuera sometido a exposición pública.
Tal ha sido el lapso que en el ínterín ha aparecido nueva normativa estatal y europea y ha habido actualizaciones de los aforos de la A-7, lo que llevó al ministerio a tumbar la propuesta. Según parece, Fomento detecta carencias como la adaptación a las novedades de la ley estatal de carreteras, que fue aprobada en septiembre de 2015, un año después del último informe; igualmente debe mejorarse el detalle de la propuesta de accesos desde la A-7 teniendo en cuenta la nueva instrucción de carreteras (de febrero de este año), y garantizar la compatibilidad de las actuaciones propuestas con los planes de futuro que tiene el ministerio en la zona.
Los promotores aspiran a subsanar en días los defectos señalados por el ministerio. «Esto es consecuencia del tiempo transcurrido en la tramitación de la ATE. Semejante arbitrariedad, duplicidades e ineficiencias van en contra de los derechos mínimos, generando costes innecesarios e inseguridad jurídica», critican.
