Pocos pensaban, cuando compraban una vivienda de protección oficial durante los años del «boom», que lo que entonces parecía una auténtico chollo iba a convertirse con el paso de los años en su particular infierno. Por entonces, además de los precios limitados y de la ayuda que existía para la entrada del piso, la mayoría también logró una subvención para pagar la hipoteca que suponía una rebaja de entre 90 y 200 euros de la letra mensual. Sin embargo, todo acabó con la llegada de la crisis y los recortes.

En 2013 el Gobierno decidió reducir a la mitad la duración de estas ayudas ?se concedían por cinco años, prorrogables por otros cinco más si las circunstancias económicas del beneficiario no habían cambiado? y los compradores se encontraron de repente sin subvención y con una sorpresa adicional: que el tipo de interés que pagaban por su crédito estaba muy por encima del que se daba en el mercado libre. «Y eso en plena recesión, cuando muchos de ellos sufrían recortes de salario o perdían su empleo», como recuerda Manuel Garcés, de la Associació d'Impagats de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana.

Tras perder los recursos que presentaron ante los tribunales, esta organización, junto con el resto de plataformas similares que se crearon por todo el país, decidieron llevar el asunto ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el pasado mes de abril y ahora acaban de presentar un nuevo informe que pone de manifiesto lo que consideran una «discriminación injustificada». Por ejemplo, mientras el euribor está en negativo y la mayoría de los que contrataron su hipoteca en los años del «boom» abonan ahora menos de un 1% del interés, quienes compraron una VPO entre 2005 y 2008 pagan este año un 1,9%. Mucho peor lo tienen todavía quienes compraron su piso protegido a finales de los años noventa, que todavía pagan hasta un 3,3% de interés anual.

El problema es que el tipo de las hipotecas para VPO lo marca cada año el Consejo de Ministros en base a la evolución del IRPH, un indicador mucho menos flexible y más caro que el euríbor. Por eso, aunque siempre había existido una pequeña diferencia, fue a partir de 2012 cuando esta empezó a agrandarse y a suponer un problema para los afectados, que ahora exigen al Ejecutivo una rectificación.