Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana fechada en 2009 vuelve a poner en duda la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat al tumbar el macroproyecto de Paterna Puerto Mediterráneo utilizando criterios contrarios a la normativa. Concretamente, en lo que respecta al argumento definitivo, la zona de protección de la CV 35.

Como ya es sabido, el argumento definitiva al que se aferraron las conselleria de Medio Ambiente y Obras Públicas para tumbar el proyecto es que incumplía la obigación de que la carretera CV 35, colindante con la infraestructura, tuviera una zona de protección de cien metros, en aplicación de la norma general, la ley de Carreteras y el Plan de Infraestructuras Estratégicas, en vigor desde 2003.

Esa norma general, sin embargo, no debería ser tenida en cuenta dado que solo es de aplicación «en defecto de plan o proyecto». Y, en este caso, sí que existe una normativa específica: el II Plan de Carreteras de la Comunitat Valenciana. En virtud de este reglamento, la CV 35 tiene como zona de protección un mínimo de 50 metros, que es lo que proyectó Puerto Mediterráneo y propuso en la acturación territorial, sin rechazo de la Generalitat hasta julio pasado.

Así lo contó Levante-EMV el pasado 21 de noviembre. Frente a esto, la Conselleria de Obras Públicas sostiene que ese II plan de carreteras se extinguió en 2003 al entrar en vigor el Plan de Infraestructuras Estratégicas. Pero esa norma se seguía considerando vigente en 2005 por el propio Josep Llin, el subdirector general de Movilidad que firmó el informe en julio pasado que ha enterrado el proyecto.

También se consideraba vigente por la Generalitat, que no puso pegas al proyecto de Intu Eurofund hasta un último informe, en julio pasado, cambiando el sentido de su posicionamiento en este aspecto, a la postre definitivo.

Además, tal como ahora ha hecho público ahora el promotor de Puerto Mediterráneo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, del TSJ de la Comunidad Valenciana en su Sentencia 815/2009, de 23 junio de 2009 considera que la norma de aplicación en la CV 35 es el II Plan de Carreteras de la Comunidad Valenciana, es decir, 50 metros de zona de protección. Es decir, que el plan, según un juez del TSJ, sigue vigente. Y el Informe de la Subdirección General de Movilidad en virtud del cual se desestimó la ATE no lo tuvo en cuenta.

En estos momentos, el promotor del proyecto continúa apostando por la vía política para tratar de revertir la situación y llevar el proyecto adelante. Con todo, avisa de que lo usará en los tribunales si abre ese camino: «La aplicación del II Plan de Carreteras en la sentencia nº 815/2009 de 23 junio de 2009 del TSJ podría ser utilizada como doctrina judicial por Puerto Mediterráneo».