Las cárceles españolas están habitadas por 61.800 reclusos. De ellos, un 5,6 %, es decir, 3.500 personas, también trabajan. Y lo hacen en condiciones «casi esclavistas», sobre todo por unos sueldos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), según afirma CC OO en un informe propio sobre la situación actual en las instituciones penitenciarias.

El sindicato se muestra a favor del trabajo remunerado en las cárceles como factor de reinserción social y reeducación y como fuente de ingresos que «dignifica la vida» de los presos y de sus familias. Sin embargo, afirma con rotundidad que ambos objetivos no deben cumplirse poniendo en jaque el Estatuto de los Trabajadores, porque así se perjudica a los presos y a los empleados libres, que pueden sufrir consecuencias colaterales. Pero hay más, porque CC OO advierte de que la transformación jurídica del Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo en una entidad estatal, en febrero de 2015, es «un paso más hacia la privatización del trabajo remunerado» con el objetivo de «convertir los talleres productivos en empresas que generen beneficios».

En la actualidad, esos talleres se gestionan por dos vías. Una directa a través de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (EETPFE), que tiene como principales especialidades la confección industrial, la carpintería metálica y las artes gráficas. También hay talleres de servicios, con encomiendas que gestionan los servicios de cocina-alimentación, mantenimiento, panadería o lavandería. Cuando se produce colaboración con empresas en la gestión, la citada entidad pone a disposición de las mercantiles las instalaciones y los recursos humanos necesarios para el desarrollo de un proyecto o actividad en las naves industriales de cada cárcel.

Según CC OO, en la actualidad existen 130 acuerdos de colaboración con empresas que dan empleo a 3.500 reclusos de media. El sindicato, sin embargo, asegura que esos talleres «no pueden convertirse en un trabajo desregulado y con personal sin derechos» y que la labor de la Administración es «facilitar la reinserción social, la formación y las alternativas laborales, no el de facilitar mano de obra barata en condiciones tercermundistas para beneficios empresariales particulares». A este respecto, la central denuncia que estos presos «en la mayoría de las ocasiones reciben sueldos muy por debajo del salario mínimo». En 2015, la remuneración se situó en una horquilla de entre 2,59 y 4,51 euros la hora. Esos sueldos «tan bajos tienen un efecto de precarización sobre los trabajadores que no están privados de libertad y que trabajan para la misma empresa». A modo de ejemplo recuerda que en el pasado hubo empresas que trataron de aplicar ERE a su plantilla mientras tenían presos trabajadores. Es lo que el sindicato califica de «dumping social de competencia desleal».

Por último, CC OO reclama una regulación «más estricta sobre los horarios, que no deben superar los establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y que en ningún caso pueda suponer la existencia de horas extra».