La patronal española de la estiba Anesco, que aglutina a grandes concesionarias en los puertos como Noatum, MSC y APM Terminal, entre otras firmas, ha presentado un documento a Coordinadora de Trabajadores del Mar „sindicato mayoritario en los muelles„ para reformar esta actividad y adaptarla a la legislación de la Unión Europa (UE), tal como exigió la sentencia del Tribunal Superior de la UE de 11 de diciembre de 2014 y que desde entonces continúa sin cumplirse.
La propuesta de la organización presidida por Joaquim Coello para la citada modificación legal y adaptación de los convenios colectivos de los estibadores incluye una serie de medidas para reducir costes, flexibilizar condiciones laborales y liberalizar la prestación del servicio de manipulación de mercancías „hasta ahora monopolizado por una única empresa en cada recinto portuario„ que incluye «medidas especiales en puertos sobredimensionados con carácter inmediato». Según el documento al que ha tenido acceso Puertos y Navieras, en el caso del recinto del Grao se incluye la «reducción de cuatro trabajadores en la composición de cada mano de contenedores».
Cada «mano» de portuarios está formada por doce trabajadores (cada uno con diversas funciones en los muelles, incluidos conductores de camiones y capataces), con lo que la propuesta de Anesco supondría reducir un 30 % la plantilla de los estibadores que prestan servicios en el puerto de Valencia.
Anesco también indica que todas las tareas con vehículos nuevos y tráfico rodado realizadas en la explanada de las terminales (trenes, recepción/entrega, movimientos horizontales, etc.) «se realizarán con personal propio de las empresas». Por otro lado, en graneles las tareas complementarias se realizarían con personal no portuario. La propuesta de Anesco al sindicato mayoritario incluye prejubilaciones incentivadas, así como la jubilación obligatoria de aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos necesarios para acceder al 100 % de las prestaciones por prejubilación.
Multa de 134.107 euros diarios
La nueva ronda de negociaciones que ha empezado esta semana entre Anesco y Coordinadora, cuyo desenlace es imprevisible, se produce después de más de dos años desde que el Tribunal de Luxemburgo fallase en contra del sistema portuario español .
En la actualidad, el Gobierno de Mariano Rajoy se enfrenta a una multa millonaria, ya que la Comisión Europea solicitó en agosto una «multa coercitiva» por importe de 134.107,2 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia, y el pago a tanto alzado de 27.522 euros por cada día que persista la infracción. Coello ha puesto su cargo a disposición de la asamblea y podría dimitir.
