La conselleria de Hacienda que dirige el socialista Vicent Soler ha impuesto su criterio a la de Economía Sostenible que encabeza el político de Compromís Rafael Climent sobre el futuro modelo de Feria Valencia, que finalmente, como se dijo en un principio, será privatizada y no pública. El alcalde de València, Joan Ribó, el director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, y el presidente del comité ejecutivo de Feria Valencia, José Vicente González, lo dejaron bien claro ayer al término del patronato de la institución: la nueva institución «será de mayoría privada» para evitar que posibles déficits de explotación acaben perjudicando a la Generalitat.

El ayuntamiento, que cede los inmuebles y el solar, no tendrá al final participación en la nueva sociedad, aunque sí algún consejero. La Generalitat, que se queda la multimillonaria deuda, tendrá una participación minoritaria, que en un principio iba a ser del 40 %, pero que ayer ninguno de los intervinientes quiso precisar. Dependerá del diálogo competitivo que se establezca con empresas del sector que aporten negocio y eventos. No obstante, la conselleria de Economía ha estado defendiendo, al menos hasta la semana pasada, la constitución de una empresa cien por cien pública que retendría los certámenes exitosos que organiza la institución valenciana y negociaría con operadores privados, con los que podría constituir empresas mixtas para determinadas actividades.

Esta fórmula está descartada por lo que dijeron ayer Ribó, González e Illueca. Ahora bien, tampoco aclararon con precisión cómo será el futuro más allá de la privatización parcial. Por ejemplo, qué sucederá con ferias como Cevisama si no hay una empresa pública que la acoja: ¿se cederá la gestión al comité organizador? ¿al operador privado? «Debemos mantener el control sobre ellas», se limitó a decir González.

Illueca explicó que hace meses que tiene redactado los decretos de asunción de la deuda por la Generalitat y el que establece que Feria Valencia es un servicio de interés general («no público», precisó) y que «puede pertenecer a una entidad con ánimo de lucro», es decir que puede ser privatizada. Lo que falta aún por redactar -y de ahí se deducen discrepancias en el Consell, aunque el director del IVF dijo que, «cuando Economía da su punto lo hace sobre las ferias que existen no sobre la privatización en general», sobre la que el «acuerdo es total»- es el «memorándum de entendimiento» entre las dos consellerias, el ayuntamiento y la Feria.

Por otro lado, el patronato aprobó la liquidación presupuestaria de 2016, un año en el que la Feria aumentó por primera vez desde 2004 su facturación en dos dígitos (un 10,2%), hasta 18,6 millones, y en el que también por primera vez, en este caso desde 2007, logró un resultado de explotación positivo.