La Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana ha cerrado 2016 con unas pérdidas de 11 millones de euros tras las provisiones a las que obliga el Banco de España, aunque ha alcanzado un ratio de solvencia del 15 %, según informó ayer la Generalitat en un comunicado. La entidad presidida por el director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, celebró ayer su junta general de socios , en el transcurso de la cual se presentaron los principales datos económicos y financieros de la entidad a 31 de diciembre de 2016 y se expusieron los hitos más importantes del ejercicio, marcado por la firma de 30 entidades de crédito al nuevo plan de reestructuración y por el impacto de la nueva circular contable del Banco de España.

Esta normativa, que entró en vigor en octubre de 2016, obligó a la SGR aumentar sus provisiones de capital en 15,7 millones de euros, lo que ha elevado las pérdidas de la entidad hasta los citados 11 millones. Sin embargo, la sociedad logró cerrar el ejercicio con un coeficiente de solvencia del 15 %, por encima del 8 % mínimo exigido por ley.

Por otra parte, se redujo la deuda senior de la entidad, que queda en 201,6 millones, un 10 % menos que la del ejercicio anterior. Esta disminución supuso rebajar los gastos financieros de la SGR en un 29 %, pasando de 4,1 a 2,19 millones.

Manuel Illueca trasladó a los socios presentes en la junta general que, «gracias a la adhesión de entidades financieras al plan de reestructuración, 2016 pasará a la historia de esta sociedad como el ejercicio en el que definitivamente se pusieron las bases para su saneamiento, para recuperar la confianza de las entidades financieras y del sector». «A punto de culminar el primer semestre de 2017, la sociedad ha atendido a más de 2.700 empresas, ha tramitado cerca de 270 solicitudes de aval y ha resuelto favorablemente avales por valor de 4,36 millones de euros», señaló.

De acuerdo con estas cifras, el importe medio de los avales gestionados se sitúa en algo más de 50.000 euros, en línea con los objetivos trazados en el plan de negocio de la sociedad, «enfocados a convertir a la entidad avalista en una herramienta de utilidad para los autónomos y pequeñas empresas de la Comunitat Valenciana». Durante la junta también se detalló la procedencia de los avales formalizados en el primer semestre de 2017. En este sentido, el 46 % de las solicitudes llegaron por empresas de hasta 10 empleados y el 30 % por autónomos.