Los sindicatos CSI-F, SI, USO e Intersindical han decidido presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional después de la sentencia del Tribunal Supremo que les da parcialmente la razón en su recurso contra el decreto de reglamento de la ley de participación institucional de la Generalitat, una legislación que compensa anualmente con 5,2 millones de euros a las centrales mayoritarias CC OO y UGT y a la patronal autonómica (antes Cierval, ahora CEV) por los gastos que les genera participar en los diversos foros y organismos públicos donde se tratan cuestiones relacionadas con empresas y trabajadores.
Los sindicatos minoritarios no han logrado hasta la fecha su objetivo principal, que no es otro que participar directamente en la ley, pero en sucesivas instancias judiciales han conseguido pequeñas victorias y eso, según explicó a este diario el secretario general del Sindicato Independiente (SI), Fermín Palacios, les ha animado a recurrir ante el Constitucional, con el objetivo de lograr la nulidad del decreto y la esperanza de reducir su impacto como sucedió primero con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, y, como informó ayer este diario, con el Supremo. La sentencia del Alto Tribunal deja sin efecto dos artículos del decreto y los incisos a otros dos. En la práctica, tal como explicó Palacios, esto significa que a partir de ahora solo podrán ser subvencionables las iniciativas y actuaciones de origen institucional y, en consecuencia, dejarán de estarlo aquellas que provengan de los sindicatos mayoritarios o la patronal. Ahora queda por ver qué pasa con los dineros devengados por estos motivos, si se hizo, en los ejercicios 2015 y 2016.
