El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, dio a conocer ayer el resultado del informe del primer semestre de 2017 en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, el cual se saldó con la investigación de 1.027 empresas y 4.298 personas en territorio valenciano.
Como resultado de estas actuaciones, las diferentes Cuerpos de Seguridad del Estado consiguieron detener a un total de 106 personas acusadas, entre otros delitos, de no respetar los derechos de los ciudadanos extranjeros, los derechos de los trabajadores y actuar en contra de la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Entre las mayores operaciones, se desarticuló un taller de confección clandestino el cuál empleaba a 8 extranjeros sin alta en la Seguridad Social y sin contrato que realizaban jornadas de trabajo de 11 horas al día, de lunes a sábado, así como otro grupo que cobraba a supuestos trabajadores por darles de alta en la Seguridad Social y así poder solicitar algún tipo de prestación como autorizaciones de residencia en caso de ser extranjeros.
Moragues resaltó que para el Ejecutivo "la lucha contra el fraude laboral es una prioridad, ya que se tienen que garantizar los derechos laborales y la calidad de las condiciones de trabajo". Asimismo, el delegado del Gobierno también enfatizó que se debe de combatir "cualquier actividad que compita deslealmente con las compañías que sí cumplen sus obligaciones".
Por su parte, el Gobierno también destacó la importancia del convenio que permite a la Policía Nacional acceder a las bases de datos de la Seguridad Social, ya que suponen «un buen instrumento para proteger los derechos de los trabajadores», concluyó Moragues.
