La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la admisión a trámite de las querellas presentadas contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho y sus consejos de administración, por la quiebra de la entidad. En total, se han presentado una treintena de querellas por la liquidación del banco, intervenido el pasado 7 junio y posteriormente vendido al Santander al precio de un euro.
La operación, decidida por el Banco Central Europeo (BCE) a través de la Junta Única de Resolución (JUR) y ejecutada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), implicó la reducción a cero del capital social del banco, y la amortización o extinción de todas las acciones del banco admitidas a negociación en bolsa.
En una nota, Anticorrupción no ha aceptado la responsabilidad del BCE, del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco Popular Portugués.
Entre las querellas contra los exdirectivos destaca la que presentó la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) el pasado mes de julio contra el expresidente Ron; el ex consejero delegado (CEO) Pedro Larena; el exvicepresidente Roberto Higuera; la firma auditora PwC, y el socio firmante, Francisco Barrios, por falsedad contable y estafa al inversor. Asimismo, el despacho Cremades & Calvo Sotelo amplió en julio con una querella la denuncia presentada contra Saracho por presunta administración desleal.
Estos pleitos se suman a los recursos contencioso administrativos interpuestos contra el papel de la Junta Única de Resolución (JUR) y el FROB, encargado de ejecutar la operación. Además, numerosos inversores del banco han demandado a la JUR para obligarla a publicar un informe de Deloitte que sirvió de base para la operación y que atribuía al banco una valoración negativa que oscilaba entre 2.000 y 8.200 millones de euros pero que, en un escenario más positivo, le concedía una valoración de 1.500 millones.
