Nuevo varapalo para los antiguos responsables de la CAM. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado la apertura de juicio oral contra los exdirectores generales de la entidad Roberto López Abad y María Dolores Amorós por la supuesta comercialización fraudulenta de las preferentes y la deuda subordinada que emitió la extinta caja alicantina. De esta forma se da la circunstancia de que, aunque la Audiencia no encontró delito en la venta de las cuotas participativas -el tribunal instó a los afectados a reclamar individualmente por la vía civil-, los exdirectivos de la CAM sí deban responder por las supuestas malas prácticas que realizó la entidad para colocar estos otros valores.
En concreto, según Lamela, los acusados pudieron cometer los delitos de estafa agravada, publicidad engañosa, fraude de inversiones y un delito continuado de maquinación para alterar el precio de las cosas durante la comercialización y posterior gestión de estas emisiones.
En total, se calcula que unos 75.000 pequeños ahorradores compraron preferentes y deuda subordinada de la CAM pero la mayoría ya fueron compensados por el Sabadell cuando se hizo cargo de la entidad y ofreció canjearlos por acciones del banco. Un canje que aceptó alrededor de 97% de los afectos. Sin embargo, el abogado Diego de Ramón en representación de algunos afectados y, posteriormente, la asociación Adicae decidieron actuar contra los directivos.
Inicialmente la investigación incluyó las preferentes, la deuda subordinada y las cuotas participativas pero se decidió segregar el caso de estas últimas en una pieza separada e incluir también su venta en la pieza principal, donde el tribunal no halló delito en su venta e instó a los afectados a acudir a la vía civil.
Fianza mínima
Por su parte, la pieza en la que se investigó si la comercialización de preferentes y deuda subordinada se hizo con engaño siguió su curso, hasta que se ha producido la apertura de juicio oral. El abogado Diego de Ramón solicitaba inicialmente una indemnización de 11,8 millones para los afectados pero la juez considera que no ha sabido justificar esta cantidad, por lo que sólo reclama una fianza solidaria para Roberto López Abad y María Dolores Amorós de 6.000 euros, de la que también designa como responsables civiles subsidiarios al Banco Sabadell, como heredero del negocio financiero de la CAM, y la Fundación CAM. Además, como responsable civil directo designa a la aseguradora Caser.
La juez también fija tres días de plazo para que la Fiscalía decida si quiere acusar y sumarse a las acusaciones particulares.
Cabe recordar que, tanto López Abad, como Amorós ya han sido condenados a tres años de prisión por falsear las cuentas de la CAM, aunque la sentencia todavía no es firme ya que está recurrida ante el Supremo.
