Los sindicatos y los grupos parlamentarios del Partido Popular y Podemos coincidieron en calificar de «intolerable» la contratación de una empresa privada por parte del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) para la prestación de servicios de orientación laboral.
Tal como publicó ayer Levante-EMV, el Gobierno valenciano pagará a la compañía catalana Ingeus S.L. más de 883.800 euros para que sus técnicos presten asesoría laboral a personas en paro, desde locales públicos que cederán una decena de municipios.
Esta noticia ha provocado la indignación tanto de trabajadores como de partidos políticos. Tanto es así que el coordinador de la Federación de Empleados y Empleadas de UGT-PV del Servef, Santiago Pérez, exige que el servicio público de empleo «debe pedir perdón a los valencianos por alejarse de un modelo de gestión ético y responsable y por malgastar el dinero público». Pero también hace extensible esta exigencia de disculpas a los funcionarios del Servef por «afirmar que no están cualificados para hacer el trabajo». Cabe recordar que el argumento esgrimido por el organismo público es que se ha contratado a esta compañía porque «se trata de una actuación muy específica que requiere técnicos cualificados».
Según los últimos datos facilitados por el Servef, este cuenta con 58 oficinas repartidas por toda la Comunitat Valenciana. En ellas trabajan 545 funcionarios y 120 orientadores laborales. Estos últimos son sobre los que caen más directamente las acusaciones de falta de cualificación. «Lo que es mentira -insiste Pérez- porque todos ellos cuentan con formación universitaria y más de 10 años de experiencia de media».
Desde UGT-PV insisten en que desde que se hizo público esta contratación, a finales de septiembre del año pasado, solicitaron «dejarla sin efecto» y que se volcara en los empleados públicos este trabajo, aunque estos esfuerzos no dieron sus frutos «no nos hicieron caso y siguieron adelante».
Además tildan esta actuación de «licitación regalo» porque en su opinión «no hay razón para duplicar una plantilla para el mismo trabajo».
Al servicio de la entidad privada
Otro de los aspectos que ha generado una gran controversia es el hecho de que desde el Consell se ha pedido a los funcionarios que faciliten a los trabajadores de la empresa privada los datos de los demandantes de empleo. Esto supone que los empleados públicos han de ponerse al servicio de una sociedad limitada.
Este modelo de contratación es, según el sindicato UGT, un «mecanismo propio de los gobiernos anteriores que no encaja en un ejecutivo de corte progresista» como es el surgido del Pacto del Botánico.
En este mismo sentido se pronunció Juan Carlos Caballero, portavoz de Empleo en las Corts del Partido Popular, quien declaró a este periódico que es «indignante y un sinsentido» este trasvase de competencias que harán «competir sus propios servicios con la empresa privada»
Además, reprochó que el ente público de empleo, dirigido por el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, «tire por tierra el trabajo de sus funcionarios en lugar de dotar de más recursos y reforzar a las oficinas existentes».
A través de esta fórmula de colaboración entre entes públicos y empresas privadas, la compañía contratada, Ingeus, pondrá en marcha 20 equipos de búsqueda de empleo y emprendimiento de desempleados en los municipios que han suscrito este acuerdo.
Mientras, los 120 orientadores laborales siguen pendientes de consolidar sus plazas como funcionarios interinos desde 2008.
