El Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, interlocutor directo en el sector ante las administraciones públicas como representante de las cinco entidades que existen en la autonomía, lleva ya dos años consecutivos con un patrimonio neto negativo, lo que implica que, si fuera una empresa privada, estaría en situación de quiebra técnica. Las fuentes consultadas aseguran que, dado que es una corporación de derecho público, dispone de margen para recomponer su situación patrimonial. No es mucho. Solo doce meses. Y no está cumpliendo.
El comité ejecutivo del consejo cameral aprobó en su reunión del pasado viernes las cuentas de 2017. No es nada usual. Lo habitual es hacerlo a la entrada del verano, pero ha sido adelantada por el proceso electoral en las cámaras, que concluye en mayo. A la reunión se ausentaron el presidente de la Cámara de Alcoi, Enrique Rico, y la secretaria autonómica de Economía, Blanca Marín. Como ninguno de los dos firmó las cuentas, estas aún no han sido hechas públicas. No obstante, el presidente del consejo y de la Cámara de Valencia, José Vicente Morata, adelantó ayer a este diario que el órgano autonómico registró superávit por primera vez desde 2013. En concreto, 39.532 euros. Se trata de una cantidad, sin embargo, insuficiente para restablecer el patrimonio del Consejo, en números rojos desde 2016. Ese año se situaron en 78.024 euros, mientras que al cierre de 2017 la cifra había caído a 44.501. Nada que ver con los 565.955 en positivo que tenía el Consejo en 2013.
La situación patrimonial de la entidad se conoce al tiempo que ha trascendido, tal como publicó ayer este diario, que la Cámara de València perdonó 260.000 euros al Consejo de una deuda de 1,8 millones. El órgano adeudaba más de 3 millones a las cinco cámaras. Las otras cuatro cobraron hasta el último céntimo y no renunciaron a ni un euro. Solo València lo hizo. Según el presidente de ambas entidades, para garantizar la viabilidad del Consejo y evitar que acabara como la patronal autonómica Cierval, extinguida en 2017, u otras cámaras.
No obstante, la medida, aplicada con cargo a 2014, en realidad no sirvió para nada. En 2015, el consejo ya tenía fondos propios negativos y, sobre todo, en 2016 su patrimonio neto entró en números rojos, lo que lo abocaba a una quiebra de la que se sigue salvando por su vinculación con el sector público. Justo 2016 fue el año en que la Sindicatura de Comptes no entró a fondo en la fiscalización de las cámaras.
Aunque Morata dice que la condonación de los 260.000 euros fue aprobada por el pleno cameral, fuentes presentes aquel día aseguran que no fue así, sino que se informó del reconocimiento de la deuda del Consejo con la cámara y de que esta le había perdonado en torno a 300.000 euros. El pleno se celebró el 15 de junio de 2015, tres semanas después de las elecciones autonómicas que llevaron a la Generalitat al PSPV y Compromís y desplazaron después de 20 años al PP. En aquel momento, hacía cinco años que el consejo había contratado como asesor en estrategia de su presidente al exconseller Luis Fernando Cartagena, quien, según Morata, solo estuvo contratado cuatro años. Por 70.000 euros.
