La Autoridad Portuaria de València (APV) justifica la macroampliación del recinto del Grao y el acceso norte terrestre para garantizar la competitividad futura de una entidad y empresas vinculadas con negocios marítimos cuyo impacto en términos de renta para la autonomía -incluidos los recintos de València, Sagunt y Gandia- genera 2.352 millones de euros anuales de Valor Añadido Bruto (VAB); es decir el 2,49 % del total de la Comunitat.
La APV negocia contrarreloj el nuevo proyecto de conexión con la autovía V-21 (a través de un túnel submarino, que aprovecharía para camiones y trenes de mercancías) y quiere acompasar con la ampliación de los muelles y términales, si bien necesita el apoyo de inversores públicos y privados para acometer estas ambiciosas infraestructuras.
Los puertos de la APV, según el informe realizado por la Universitat Politència, generan un efecto económico (directo, indirecto e inducido) del 14,96 % en el valor añadido que aporta la construcción. En el caso del comercio se eleva al 13,40 %; en el transporte y las comunicaciones del 19,11 % y en inmobiliarias servicios a empresas, del 14,9 %, según constatra el citado informe. Los citados son las actividades más afectadas por su dependencia de los puertos gestionados por la entidad presidida por Aurelio Martínez.
Respecto a su repercusión en el empleo, la APV sostiene que la actividad portuaria genera casi 37.000 puestros de trabajo (17.732 directos, 1.033 indirectos y 10.546, inducidos). Estas cifras representan el 2,04 % del total de la ocupación de la Comunitat Valenciana. Así, dos de cada cien ocupaciones están relacionadas con alguna empresa, instución u organismo público vinculado a la actividad de Valenciaport.
Por otro lado, los puertos gestionados por la APV aportan uno ingresos para las arcas públicas del Estado de 50,6 millones de euros. Además, las rentas salariales brutas ascienden a 1.194 millones de euros y las empresas relacionadas tuvieron un beneficio total de 780 millones.
Competitividad
La carencia del acceso norte, según los estudios que maneja el sector cerámico, penaliza a la industria implantada en Castelló y una de las más exportadoras vía marítima. Estas mercantiles estiman pérdidas de 17,4 millones de euros anuales por el incremento de costes y otros factores relacionados con la exportación. Esas cifras, según fuentes patronales, se elevarán a casi 29 millones de euros a partir del año 2030.
