Juan M. Carretero

valencia

En pleno debate sobre la reforma de las pensiones,que según el acuerdo supone el retraso de la edad de jubilación a los 67 años y la necesidad de cotizar durante 37 años para percibirla en su integridad, surge el debate de los privilegios de las pensiones de nuestros parlamentarios, a quienes les basta haber ocupado el cargo durante 11 años. Fue el propio líder de la oposición, Mariano Rajoy quien, en el clima de euforia que predominaba en la convención del pasado fin de semana en Sevilla, planteó suprimirlas, iniciativa que le ha valido la crítica por "demagógica" y "populista" desde diversos frentes.

Por una parte se critica a Rajoy que hable de estos supuestos "privilegios", de los que, por cierto, solo se benefician 81 diputados, en un momento en que la clase política se encuentra en sus peores momentos de valoración, hasta llegar a ser el tercer problema de los españoles, según el último barómetro del CIS, y porque solo hace cuatro años, en 2006, su partido firmó el acuerdo de las Mesas del Congreso y del Senado por el que se fijaban las condiciones de jubilación e indemnizaciones por desempleo de los diputados, diferentes al resto de los españoles.

Para rebajar la críticas y "el tiro al político" de la opinión pública, el presidente del Congreso, José Bono, al que se unió el del Senado, Javier Rojo, y el PSOE, lanzó una propuesta de transparencia total. "Los parlamentarios tienen que tener los bolsillos de cristal", señalaba con una metáfora, a las que tan dado es el presidente de la Cámara Baja. Se trata de poner al descubierto los sueldos de los políticos, su patrimonio y sus actividades privadas. Y pidió a los grupos parlamentarios propuestas para modificar la pensión parlamentaria, endurecer el régimen de incompatibilidades.

Transparencia sí. Pero los privilegios ni tocarlos, respondieron algunos diputados. El más claro fue el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, que señalaba que se había abierto el camino a una Cámara Baja de funcionarios y de "gente pobre", expresión que después matizó y señaló que debería haber utilizado "con pocos recursos". Y explica que "se trata de saber si queremos tener buenos políticos porque, de no ser así, a la política solo acudirían personas por razones económicas o porque saben que hacerlo no les comportará la pérdida del puesto de trabajo y el riesgo de volver a empezar cuando acaban esta actividad".

A esta teoría se suman otros diputados. Así, un veterano parlamentario del PP, reconocía en privado que "a la política hay que reconocerla un prestigio, pues si no, no vendrán los mejores al Congreso, y todo porque "nos quieren convertir en unos becarios del sistema".

Mientras, desde las filas socialistas, el diputado Juan Luis Rascón, animaba a retirar los complementos de pensión porque son un"histórico privilegio irracional", que en estos tiempos de crisis suponen "un agravio lacerante para los demás ciudadanos".

Pero si hay voces que claman en privado por acabar con los privilegios, oficialmente están todos a una y tanto el PSOE como el PP rechazaron la propuesta de UPyD para anular el régimen especial de los parlamentarios, entre otras cosas porque no consideran que existan tales privilegios y no dudan en señalar que sus sueldos son de los más bajos de Europa. El propio Bono, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, y el diputado del PP y exministro Federico Trillo, son algunos de los que niegan que existan privilegios. "El gran mito de las pensiones de los diputados es inexistente", afirmaba el popular.

Pensiones de los expresidentes

Lo que ni socialistas ni populares quieren tocar son las pensiones vitalicias de los expresidentes Felipe González y José María Aznar, 80.000 euros al año y compatibles con otras retribuciones, como las que reciben de Gas Natural y Endesa, respectivamente, empresas por las que han sido fichados. Así pues, la propuesta de ERC-IU-ICV de acortar a dos años las pensiones de los expresidentes y evitar que sean compatibles con retribuciones privadas, no salió adelante.

Pero si esta semana la polémica estaba con las pensiones de los diputados y expresidentes, no se puede olvidar que son una minoría entre los miles de políticos y que sus sueldos, incluido el del presidente del Gobierno, nada tienen que ver con el de algunos alcaldes, como el de Barcelona, Jordi Hereu (175.000 euros brutos al año), el presidente de la Generalitat catalana (160.000), o de los europarlamentarios.