Tribunal Constitucional

Pérez de los Cobos: ´Voy a seguir en mi puesto´

El presidente del TC, ante su posible incompatibilidad al hablar de la constitucionalidad de la reforma laboral

06.09.2013 | 16:56

El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, al ser preguntado por la posibilidad de que deje su cargo ante la posible incompatibilidad para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma laboral, ha afirmado: "No tengan duda de que voy a seguir en mi puesto".

"No voy a hacer declaraciones por una razón muy simple", ha subrayado Pérez de los Cobos a su llegada a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander y ha justificado su decisión alegando que, en los próximos días, "el TC tiene que resolver varias recusaciones" de las que ha sido objeto.

"Por respeto a mis compañeros y al Tribunal no voy a hacer declaraciones que puedan incidir en su decisión", ha insistido Pérez de los Cobos adelantándose a las preguntas de los periodistas.

Posteriormente, al clausurar el curso "La democracia constitucional y sus desafíos", el presidente del Constitucional ha afirmado que el compromiso de este tribunal, ante el reto que plantea enjuiciar la respuesta normativa a la crisis, es "recrear y actualizar" el consenso con el que se aprobó la Constitución del 78.

Pérez de los Cobos ha centrado su conferencia en esa "ardua y compleja tarea" que el Tribunal Constitucional (TC) debe afrontar en los próximos "meses y años" y, en una de sus primeras comparecencias públicas tras ser nombrado presidente del TC, ha afirmado que el "gran valor" de la Constitución española es el de ser "de consenso" y en la que se reconoce "la mayoría de los españoles".

Se ha mostrado "persuadido" de que el tribunal, "como siempre", va a estar "a la altura de las circunstancias" y va a responder al reto de enjuiciar constitucionalmente la legislación anticrisis "con inteligencia, con ecuanimidad y con prudencia, ateniéndose a criterios estrictamente jurídico-constitucionales".

Una tarea que se afrontará desde la premisa de que la Constitución es "un marco de coincidencia suficientemente amplio en el que caben opciones políticas de muy diverso signo", pero también "desde el imperativo categórico que supone el necesario respeto al contenido social de los derechos", ha asegurado.

Según ha recordado, la "dura" crisis ha llevado a reformar la Constitución y a una actividad normativa muy intensa, que, además de en distintas leyes se ha sustanciado en 88 decretos ley, para darle respuesta.

Ha comentado que contra esas normas se han presentado "numerosos" recursos y cuestiones de constitucionalidad sobre los que el TC tendrá que pronunciarse "en los próximos meses y años".

En su repaso por esa legislación se ha detenido en la reforma laboral.

El Tribunal, ha señalado, tiene que dilucidar si la ley puede o no introducir límites materiales a la negociación colectiva y determinar, de otro lado, el "significado de la fuerza vinculante" de los convenios colectivos, que es una de las garantías que contempla la Constitución en su artículo 37.

Ha precisado que habrá que dilucidar si los descuelgues de las condiciones de trabajo afectan a la fuerza vinculante del convenio y también si es o no factible modificar, en determinadas materias y a nivel de empresa, un convenio sectorial.

Pérez de los Cobos ha destacado que las denuncias contra la reforma laboral afectan a "instituciones básicas del derecho de trabajo y por tanto los pronunciamientos del tribunal en este ámbito serán importantes".

Otro de los frentes abiertos es el de la Sanidad, entre otros asuntos decisiones como la externalización de servicios sanitarios en la Comunidad de Madrid.

Según el presidente del TC, estas impugnaciones obligarán al Tribunal a "adentrarse en terrenos relativos al derecho a la protección de la salud hasta ahora inexplorados", como el ámbito subjetivo en relación con el principio de igualdad y de los derechos de los extranjeros en situación irregular.

Y también el "del modelo o modelos de gestión admisibles" en el ejercicio del deber de los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública.

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