El caso de los presuntos ERE fraudulentos de Andalucía que instruye a juez Mercedes Alaya investiga el sistema de ayudas de la Junta de Andalucía a empresas en dificultades mediante Expedientes de Regulación de Empleo. La causa acumula ya más de 260 imputados, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez y los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno.

¿Cuándo se inició la investigación?

El caso de los ERE se destapó en abril de 2009, tras denunciar el PP de Sevilla el presunto cobro de comisiones ilegales a empresarios por dos exdirectivos de Mercasevilla, el mercado central de la capital andaluza.

¿Cómo se produce el fraude?

En 2001, cuando José Antonio Viera era consejero de Empleo, y con Manuel Chaves como presidente, se ideó y firmó el convenio con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para modificar el sistema de ayudas a empresas en crisis y actuar de forma rápida en esos conflictos que atenazaban la acción política de la Junta. Se creó un procedimiento administrativo que usaba la transferencia de financiación, más ágil pero muy difícil de controlar.

Las subvenciones llegaron a miles de trabajadores, al parecer de forma legal, pero también personas que no tenían derecho a las ayudas. Estas personas son los 'intrusos'. Los fondos se gestionaron a través de CCOO, UGT, consultoras y aseguradoras, todos ellos investigados.

El exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, dispuso de cientos de millones que distribuyó sin control. Para ello contó con la ayuda del sindicalista Juan Lanzas, que ofrecía a las empresas en crisis la financiación de un ERE a cargo de la Junta con la supuesta ayuda de la consultora Vitalia, que se encargaba, según la juez, de negociar el ERE y quedarse con abultadas comisiones.

¿Cuánto dinero se ha defraudado?

La jueza Alaya investiga el uso de la denominada partida 31L, un fondo de reptiles dotado con más de 650 millones de euros, que presuntamente se usaron para las ayudas falsas, aunque se desconoce el monto total de lo desviado.

Imputaciones

El número de imputaciones supera las 260, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez y los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno.

Además, también están imputados. También están imputados dos hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, dos hijos de José María Ruiz Mateos, exdirectivos y extrabajadores de las aseguradoras Vitalia y Uniter, exsindicalistas y hasta un exfutbolista.

Personas clave

Entre los presuntos implicados hay al menos tres personas clave:

-Javier Guerrero. Protegido del exconsejero José Antonio Viera, fue director general de Trabajo desde 1999 a 2007, gestionando sin control aparente las millonarias ayudas. Con su amigo Juan Lanzas crearon una red clientelar con el apoyo de varias consultoras. Repartió las ayudas, introdujo "intrusos" en los ERE, y pagó comisiones. Salió en libertad bajo fianza y reconoce juergas de "alcohol y coca".

-Juan Lanzas. Actúo como 'conseguidor'. La investigación judicial sitúa al exsindicalista como cerebro del fraude junto a Guerrero y al empresario Antonio Albarracín. Ofrecía a empresarios la financiación de un ERE. Según los atestados policiales, Lanzas llegó a acaparar trece casas y la Guardia Civil localizó en sus cuentas movimientos por valor de más de tres millones de euros.

-Antonio Albarración. Fue el intermediario. Este exdirectivo de la consultora Vitalia negociaba los porcentajes en las negociaciones de los ERE con Juan Lanzas. La magistrada sitúa a ambos en plena connivencia con Guerrero para el desvío del dinero procedente de las sobrecomisiones abonadas a las consultoras. Se le acusó también de la entrega de sobres con billetes de 200 y 500 euros.

Competencias e instrucción

La juez Mercedes Alaya es la instructora de la causa, pero se investiga en el Tribunal Supremo la pieza referente a los aforados, como Manuel Chaves, José Antonio Griñán o Gaspar Zarrías. Además, Alaya podría dejar el caso antes del verano tras obtener una plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla.